La Procuración le solicitará ayuda a la Procelac para investigar la causa

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó ayer que solicitarán la colaboración de especialistas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para investigar la causa de corrupción conocida como "El Embrujo" en la que ya hay siete detenidos, entre ellos dos exfuncionarios del gobierno provincial.

“Es tan voluminosa la documentación encontrada que hemos decidido pedir colaboración a la Procelac, que tiene especialistas, es decir, recursos humanos y también técnicos para poder procesar toda la documentación encontrada en los sucesivos allanamientos”, dijo el procurador.

Miquelarena formuló estas declaraciones al concluir una reunión con fiscales y expertos que integran la Unidad anticorrupción conformada por la Procuración de Chubut para investigar desde presuntos sobreprecios a supuestos pagos ilegales a funcionarios gubernamentales, exfuncionarios y otras personas.

La investigación original se inició tras la aparición de un sobre en la Legislatura que contenía facturas con presuntos sobreprecios en la compra de ayuda para los damnificados por el temporal registrado en Comodoro Rivadavia entre fines de marzo y principios de abril del año pasado.

Poco después, surgieron indicios o evidencias que llevaron a investigar una presunta asociación ilícita que llevó a la detención de Diego Correa, que era subsecretario de la llamada Unidad Gobernador, y de otras seis personas.

En el marco de esta causa se practicaron una docena de allanamientos en Trelew, Rawson y Playa Unión, donde fueron secuestrados expedientes públicos, chequeras oficiales y otra documentación.

Esos procedimientos reunieron indicios en el sentido de una vinculación entre empresas creadas por los propios funcionarios involucrados y allegados, mediante las cuales se compraban bienes para “blanquear” fondos públicos que se desviaban de modo ilícito.

El último detenido fue el contador Federico Gatica, a quien fuentes judiciales vinculan con la conformación de empresas destinadas al lavado o blanqueo de activos.

En tanto, el elemento que más conmueve a la opinión pública es la viralización en redes sociales de supuestas copias de un listado que consta en el expediente judicial, con nombres de funcionarios, exfuncionarios, otras personas que figuran con sobrenombres e iniciales y grupos de pertenencia.

“Confirmo que ese listado fue secuestrado en un allanamiento que se practicó en una vivienda de Playa Unión, que había alquilado el Ministerio de Infraestructura pero usaba como propia el exsubsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa”, confió ayer a la agencia de noticias Télam el fiscal Alex Williams, que interviene en la causa.

“Los nombres y circunstancias en las que aparecen las personas no fueron debidamente acreditados aún, porque no tuvimos tiempo material de abocarnos de lleno a esa causa”, aclaró el fiscal.

Mientras, el diputado provincial Blas Meza Evans (FPV), uno de los denunciantes y desde el miércoles querellante en la causa, dijo a Télam que “hay que seguir la ruta del dinero”.

“No solo aparecen funcionarios cobrando aparentemente sobresueldos, sino que también aparecen empresarios aportando y eso suena a soborno, porque son empresas vinculadas con la construcción y acá hay sospechas claras de pago de sobreprecios en la obra pública”, puntualizó el legislador.

El listado consta en el expediente judicial y forma parte de un desdoblamiento en la causa para investigar presunto enriquecimiento ilícito, dijo el fiscal Omar Rodríguez, quien investiga el caso junto a su colega Alex Williams.

“El listado es real y tiene datos concomitantes que chequeamos como verdaderos, por ejemplo el pago de servicios, y es coincidente con la causa madre porque aparecen funcionarios cobrando hasta un millón de pesos que en algún lado lo tenían que blanquear, porque no se condicen los bienes que ostentaban con sus ingresos”, concluyó.

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