La sospecha del puesto de espionaje en Leleque

En los fundamentos presentados ayer por la representante legal de la familia Maldonado, Verónica Heredia -durante la audiencia por la recusación del juez federal de Esquel, Guido Otranto-, se resaltaron las tareas de inteligencia que realizó Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Esquel, antes del operativo de represión del 1 de agosto en el que desapareció Santiago Maldonado.

Es que la letrada aseguró que en el ámbito de la causa de desaparición forzada, la fiscal federal, Silvina Avila, le solicitó al magistrado un allanamiento en la estancia Leleque donde podría funcionar una estación ilegal de Gendarmería.
Según Heredia, en el expediente consta que Otranto manifiesta que no se va a realizar ningún operativo porque ese contingente fue convocado a fines de 2016.
Asimismo, la abogada manifestó que el 26 de octubre del año pasado el juez emitió un oficio a la "Secretaría de Cooperación, poderes judiciales, ministerios públicos y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que envíen más gendarmes para que puedan desalojar a los violentos de la ruta Nacional 40".
En este sentido, la representante legal de la familia Maldonado indicó que Otranto solicitó refuerzos al jefe de la Región V de Gendarmería Nacional, Esteban Salinas, para detener a los manifestantes porque de otro modo no los podían reconocer ya que actuaban a rostro cubierto.
"La orden que Otranto dicta establece que atrapen a alguno porque caso contrario no puedo tener a nadie en proceso judicial. Es por eso que rechaza el pedido de la fiscal para verificar si este puesto de Gendarmería funciona en Leleque, rechazando la idea de que Santiago pudiera estar allí", afirmó Heredia.

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