Dos inversores que habían sido excluidos de la causa por la criptomoneda $LIBRA consiguieron que la Cámara Federal de Casación Penal revise su pedido para intervenir como querellantes. La decisión abre una vía para que puedan discutir el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve imputados, dispuesto el 23 de octubre por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
La Sala II hizo lugar este miércoles a la queja presentada por Vladislav Andreevich Lapchenko y Sviatlana Vitalievna Krasutskaya. Con los votos de Alejandro Slokar y Angela Ledesma, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, concedió el recurso contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado el rechazo a su incorporación al expediente.
El alcance de la medida se limita a revisar si ambos damnificados pueden actuar como parte. Los sobreseimientos siguen vigentes y la eventual reapertura dependerá de las decisiones judiciales sobre los planteos pendientes.
Slokar consideró que los agravios expuestos podrían encuadrar en las causales del artículo 456 del Código Procesal Penal, que establece los motivos para recurrir ante Casación. Ledesma acompañó esa posición y sostuvo que se había planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. Yacobucci propuso declarar inadmisible la queja e imponer las costas a los recurrentes.
Tras la resolución, el expediente será recaratulado, se sorteará su trámite y las partes serán convocadas a presentar sus argumentos. Casación deberá determinar si corresponde mantener la exclusión de los inversores o reconocerles el derecho a intervenir.
La queja permitió superar el rechazo de la Sala I, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, que había considerado insuficientes los argumentos para elevar el recurso. Si Lapchenko y Krasutskaya son admitidos como querellantes, tendrán legitimación propia para cuestionar el cierre.
El apartamiento de los damnificados había marcado el rumbo del expediente. El 3 de julio, Martínez de Giorgi aceptó un planteo de la defensa de Mauricio Novelli, señalado como principal imputado, y excluyó a las querellas. Entre ellas estaban el grupo encabezado por Martín Romeo y el patrocinado por el equipo jurídico del diputado Juan Grabois. En diciembre de 2025, la Corte Suprema había rechazado un intento similar contra esta última querella.
El 4 de septiembre, durante su primera jornada con la nueva integración, la Sala I confirmó esas exclusiones. Los camaristas sostuvieron que la hipótesis de un plan organizado desde el Gobierno junto con los desarrolladores del token estaba “diluida”. También señalaron que los compradores habían participado en una actividad de alta volatilidad y sin regulación financiera, y cuestionaron que hubieran identificado el engaño concreto que los llevó a invertir.
A fines de septiembre, ese tribunal declaró inadmisibles los recursos con los que Romeo y otros tres inversores buscaron llegar a Casación.
Con las querellas apartadas, el fiscal Eduardo Taiano pidió el sobreseimiento de todos los imputados. Martínez de Giorgi lo concedió el viernes 23 de octubre al considerar que los hechos investigados carecían de carácter delictivo.
El juez entendió que la publicación realizada por Milei en X el 14 de febrero de 2025, cuando promocionó el token antes del desplome de su cotización, había sido hecha a título personal, sin carácter institucional ni utilización de recursos públicos.
La resolución alcanzó al Presidente, Karina Milei, Novelli, su madre y su hermana, el empresario estadounidense Hayden Davis, el singapurense Julian Peh, Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Otro planteo pendiente es la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez. A pedido del CIPCE y del INECIP, que intervienen como amigos del tribunal, el organismo se presentó para asumir la acción penal que Taiano había abandonado.
La PIA sostuvo que la investigación está incompleta y señaló medidas pendientes, entre ellas la reconstrucción del recorrido de los fondos y el análisis de comunicaciones y posibles acuerdos comerciales. También cuestionó la valoración aislada de los indicios y pidió examinar la conducta presidencial bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública.
Las dos organizaciones objetaron, además, que las víctimas hubieran quedado sin ser escuchadas antes de los sobreseimientos, conforme a lo previsto por el Código Procesal Penal Federal y la Ley de Víctimas.
Ese pedido debe ser resuelto por Daniel Rafecas, quien reemplaza a Martínez de Giorgi durante su licencia en el Juzgado Federal N° 8 y es promovido para una vacante en Casación.
La revisión habilitada por la Sala II suma una vía de discusión independiente del planteo de la PIA. Los abogados de los damnificados calificaron la decisión como un “punto de inflexión”: su posibilidad de impugnar el cierre quedará sujeta al reconocimiento de los dos inversores como querellantes.