Lo condenaron a ocho años por abuso sexual pero seguirá libre

Pese a que se trata de una pena de prisión de cumplimiento efectivo, el condenado seguirá libre hasta que la sentencia quede firme. Así lo resolvió este viernes el tribunal del juicio durante la audiencia de imposición de pena a S.A.A., quien la semana pasada fue hallado penalmente responsable de abuso sexual a una menor de edad de su entorno familiar.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló este viernes la audiencia de cesura o imposición de pena en un juicio por abuso sexual agravado. Esta instancia se realizó luego que el viernes 10 de diciembre, S.A.A. –de quien no se releva su identidad para evitar identificar a la víctima- fue declarado penalmente responsable como autor del delito de “abuso sexual simple, doblemente agravado al haber sido cometido por el ascendiente, en perjuicio de una menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia prexistente, en la modalidad de delito continuado; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por haber sido cometido por el ascendiente, en perjuicio de una menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia prexistente con la misma”.

Luego de considerar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso el fiscal –como parte acusadora- solicitó una pena de 10 años de prisión efectivos para S.A.A. y asimismo que se disponga la prisión preventiva del mismo, a partir de la gravedad de los hechos, la pena en espera y los peligros de fuga y entorpecimiento existentes.

Mientras la defensa requirió la pena de 5 años y 6 meses de prisión y rechazo el pedido de la prisión preventiva ya que se presentó a todas las audiencias a lo largo del proceso, es decir que no había peligro de fuga. En igual sentido sostuvo la defensora que “dictar la preventiva basada en la pena en expectativa, se convertiría en un adelanto de pena”.

Finalmente, el tribunal condenó a S.A.A. a la pena de 8 años de prisión y le impuso conjuntamente con la pena la obligación de realizar un tratamiento psicológico. Asimismo, resolvió que no correspondía la prisión preventiva y dispusieron como medidas sustitutivas la prohibición de salir de Comodoro Rivadavia sin autorización judicial y presentaciones semanales ante la Agencia de Supervisión de la Oficina Judicial.

El tribunal de debate estuvo compuesto por los jueces penales Miguel Caviglia, Alejandro Soñis y José Luis Ennis. El Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general. Mientras, la defensa del imputado fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública. La víctima y sus familiares fueron asistidas por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

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