Lo tenían que sancionar por un celular y lo llevaron a un juicio por drogas

Por el delito de “robo doblemente gravado, por el uso de arma de fuego y como resultado del homicidio ocurrido en ocasión del mismo”, en perjuicio de Santiago Blanco, por el hecho acontecido el pasado 5 de agosto de 2014, Lucas Avila Maya fue condenado a 17 años de prisión.
En estos momentos está alojado en la alcaidía y durante una requisa la policía le secuestró un teléfono celular, el cual está prohibido utilizar. Por tal motivo se le impuso una sanción disciplinaria, la cual consistió en una restricción parcial de las visitas por un plazo de 15 días, decisión que fue apelada por la Defensa Pública.
Lo cierto es que la audiencia fue fijada para anteayer a las 10:30 con el juez de ejecución subrogante, Jorge Odorisio. La cuestión es que el preso fue trasladado a otra dependencia judicial y cerca de las 11 llegó con su custodia y otro detenido a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal, donde los jueces ya esperaban desde hacía una hora que llegaran los detenidos que faltaban para iniciar el debate por la causa de la cocina de cocaína, aunque no era precisamente Avila Maya a quien esperaban, por lo que debió ser trasladado nuevamente a su lugar de detención.
Por esa razón ayer se realizó la audiencia por su sanción disciplinaria, la cual finalmente fue revocada a pedido de la defensa y con el consentimiento de la Fiscalía.

POR UN CELULAR
En ese acto el Ministerio Público Fiscal fue representado por la funcionaria Stella Maris Prada y la defensa del condenado estuvo ejercida por Ivo Di Taranto, abogado de la Defensa Pública.
A su turno, el defensor solicitó que no se confirme la sanción disciplinaria que surgió a partir del supuesto hallazgo de un celular en la celda de Avila Maya y calificó la tenencia del celular como “atípica, porque de ninguna forma puede perjudicar la seguridad del establecimiento carcelario". No se ha "respetado el debido proceso en el sumario, ya que no se observa la cadena de custodia en el elemento secuestrado”, concluyó el defensor.
Por su parte la funcionaria de Fiscalía advirtió varios incumplimientos a la norma que regula las sanciones administrativas. El secuestro no se ha realizado como lo dispusieran los anteriores jueces de Ejecución, Nicosia y Arcuri. Asimismo, el sumario que ordena el inicio del mismo no lleva la firma del comisario Mellado. "Por estas falencias y en virtud del deber de objetividad que tiene el Ministerio Público Fiscal le asiste fundamento a la petición de la defensa”, sostuvo Prada.
Finalmente el juez de ejecución penal resolvió la “nulidad de la sanción impuesta” y sacar del legajo personal del condenado la misma, ya que “Mellado no firma el sumario, no existe el formulario de secuestro ni cadena de custodia del celular secuestrado”.

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