Los alegatos y el veredicto a los rugbiers se podrán seguir en vivo por YouTube

Desde el miércoles 25 de enero comienza la etapa del pedido de fiscales, querella y defensa a los jueces de Dolores.

La etapa final del juicio contra los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La nueva fase iniciará el miércoles 25 de enero en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores.

Tal como ocurrió en la apertura, el 2 de enero pasado, la transmisión de estas partes del proceso judicial fue autorizada a raíz del interés social y mediático que alcanzó la causa contra los rugbiers que atacaron al joven estudiante de abogacía. De esta manera, se podrán seguir las palabras de la fiscalía, la querella y la defensa ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

Así, el juicio se retomará el 25 de enero, a las 9, con el alegato de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García. Le seguirán los abogados de los padres de Fernando, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, en calidad de particular damnificado. En ambos casos, insistirían con la acusación original hacia los ocho imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Se prevé que coincidan en la imputación de los rugbiers como “coautores funcionales”, y en caso de que no sea así deberán determinar quiénes fueron autores y el grado eventual de participación del resto.

La calificación original, llevada adelante por la fiscalía y con la que llegó el caso a juicio oral, es la de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas y alevosía. Es decir, según este planteo, los rugbiers tenían la intención de matar a Fernando, idearon un plan para ello y lo ejecutaron con la víctima indefensa. Esta calificación tiene la pena de prisión perpetua en caso de que se acrediten alguno de los dos agravantes.

Así, irían a la cárcel un mínimo de 35 años, con la posibilidad de pedir libertad condicional tras ese período.

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