Magistrados y funcionarios provinciales volvieron a reclamar que les paguen

En una carta dirigida al gobernador Mariano Arcioni, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut manifestó su "indignación por la grave situación que atraviesan los integrantes del Poder Judicial ante la falta de pagos de sus haberes" y exigen a la administración provincial que haga efectivo su pago.

“El incumplimiento del compromiso que el gobernador asumiera personalmente con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, de que los sueldos estarán depositados a más tardar el jueves 25 de julio, muestra una vez más la falta de seriedad y sensatez con la que el poder ejecutivo afronta, no solo sus obligaciones constitucionales más elementales sino, en la información que brindan a los representantes de los demás poderes como en el caso el Poder Judicial, al que de manera constante pretende exhibirlo como un Poder prescindente, afectando la forma republicana de gobierno”, sostiene el documento.

“Sumado a la falta de pago, la incertidumbre de cuando efectivamente se va a producir el mismo constituye otra falta de respeto a la dignidad que hemos tenido que soportar no solo como asalariados, sino como ciudadanos, por parte de quienes siendo administradores designados por el conjunto mayoritario de ciudadanos, creen estar autorizados a ocultar información pública, a tener autoridad para priorizar agentes sobre otros agentes, a brindar información confusa tratando de responsabilizar a terceros de imposibilidades de pago, a dar inaceptables excusas para el cumplimiento y a dilatar fecha. Todo ese conjunto de conductas malintencionadas son demostrativas de la falta de aptitud necesaria y requerida por la constitución para el desempeño de los cargos estatales que detentan”, agrega.

El escrito también asevera: “exigimos al señor gobernador el inmediato pago de los sueldos de los integrantes del Poder Judicial y le recordamos que es directa y personalmente responsable, junto con los demás colaboradores, no solo de las situaciones pasadas relacionadas con el incumplimiento del pago de los salarios, sino muy especialmente de las consecuencias futuras de las acciones que adopte que no estén avaladas por los principios constitucionales”.

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