Mañana se presentará el proyecto de ley para expropiar Pepsi

Cervecería y Maltería Quilmes decidió cerrar sus operaciones industriales en Trelew por la caída sostenida del volumen de gaseosas y "la necesidad de mantener la productividad para hacer sostenible el negocio", señaló en un comunicado el pasado 29 de mayo la empresa. Ahora buscan expropiarla para los extrabajadores.

Los diputados del bloque PJ-FpV recibieron a los ex trabajadores de la Pepsi para hablar del proyecto de ley y reconocieron que la tasa de desempleo en Trelew- Rawson creció del 5,9% a 8,2% en el último trimestre, según estadísticas de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que es imposible conseguir algún empleo.

Recordaron que el 29 de mayo 50 trabajadores quedaron sin su fuente laboral porque la empresa Cervecería y Maltería Quilmes SAICA decidió cerrar la planta de envasado de la ciudad de Trelew. Los directivos de la empresa desde el primer momento no liquidaron correctamente las indemnizaciones y no se acercaron a dialogar con los trabajadores con el objetivo de desgatar a cada uno de ellos para que no se organicen.

Los despedidos de la planta de Pepsi mantuvieron reuniones con distintos funcionarios para reclamar sus puestos laborales, organizaron marcha en la ciudad con gran acompañamiento de los vecinos, armaron un acampe para que no se lleven las maquinarias y en el último festival cultural que organizaron presentaron el proyecto de expropiación de las instalaciones y de la maquinaria con el objetivo de seguir trabajando.

"Los trabajadores, a pesar del destrato de la empresa y de la dirigencia sindical, decidieron organizarse para poder conservar su fuente de trabajo y conformaron Cooperativa de Trabajo AGUAS Y SODAS REKO PATAGONIA LIMITADA para seguir trabajando la planta", indicaron los diputados.

En tanto uno de los trabajadores dijo que "el cierre de la planta Pepsi, con la consecuencia de dejar medio centenar de familias en la calle, se da en un contexto económico donde es casi imposible conseguir trabajo. Lo han hecho con saña, en forma arbitraria e intempestiva, de mala fe, arreglando con la conducción del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga), de espalda a los trabajadores, y pagando en forma parcial las indemnizaciones. Frente a la orden de inminente desalojo presentada por la patronal multinacional resistiremos. Hasta el momento nos hemos manifestado pacíficamente, pero si intentan reprimirnos no nos dejaremos pegar".

Para los diputados del PJ-FpV la expropiación constituye un procedimiento de derecho público como lo establece el Artículo Nº 17 de la Constitución Argentina: "la expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada", sostuvieron.

PROYECTO DE LEY

La ley establece que el objeto de la expropiación es mantener la fuente laboral bajo gestión obrera, a los fines de posibilitar la continuidad de la actividad productiva de la mencionada planta en el marco de sus fines cooperativos, con la totalidad de los bienes inmuebles y muebles.

Se determina que la totalidad de los derechos sobre los bienes son expropiados con el objeto de ser transferidos de manera definitiva a la Cooperativa de Trabajo AGUAS Y SODAS REKO PATAGONIA LIMITADA, en trámite de inscripción bajo el Expediente Nº 13231515/17del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En el artículo quinto se establece que el Tribunal de Tasación de la Provincia procederá a determinar el monto de la indemnización en un plazo de treinta días y queda determinado que la Cooperativa de Trabajo compensará al Estado Provincial, en especie, las sumas desembolsadas mediante la venta de los productos que requiera la Provincia para fines públicos en un plazo de 10 años.

El artículo séptimo autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, con carácter excepcional y extraordinario, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para afectar los fondos provenientes de la ley VII Nº 72, para el pago indeminizatorio de la unidad productiva en cuestión, con el fin del mantenimiento de los puestos de trabajo, por un monto de hasta cincuenta millones de pesos sin perjuicio de lo que determine el proceso de tasación. Todo monto superior, deberá ser autorizado por la Legislatura de la Provincia de Chubut.

También se eximirá de cualquier tipo de pago de impuestos provinciales devengados el uso de los bienes expropiados, a la autoridad de aplicación.

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