Caleta Olivia (agencia)
La protesta de las mujeres en calles céntricas no fue una adhesión a las autoridades gubernamentales, sino una defensa a sus propios derechos ya que todas ellas están inscriptas indistintamente -desde hace varios años- en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) provincial y en el municipio para acceder a una casa de planes estatales.
Sin embargo ahora ven frustrada esa posibilidad porque las familias usurpadoras ya se apoderaron de 250 unidades habitacionales de planes financiados por el gobierno nacional y la policía protege a duras penas otras 150 (también en construcción) ubicadas en la zona de chacras próxima al circuito automovilístico.
El miércoles, cuando comenzaron a protestar en el edificio central del municipio, eran apenas once y desde un primer momento dijeron que no iban a prestarse al juego de algún sector político para ocupar viviendas, de acuerdo a los trascendidos que surgieron de inmediato.
Ayer el número había llegado al medio centenar y todas esperaban ser recibidas por el intendente José Córdoba, pero como esa reunión no se concretó decidieron cortar las calles que pasan por el monumento al Obrero Petrolero.
La medida de fuerza, si bien se extendió por menos de 30 minutos, generó un caos en el tránsito vehicular. Algunos conductores decidieron cruzar por la plazoleta y otros pusieron en peligro la integridad física de las manifestantes cuando intentaron avanzar sobre los mismos.
Los inspectores municipales de tránsito, como ocurre casi siempre en este tipo de circunstancias, se hicieron presentes varios minutos después de que las mujeres dejaran sin efecto el corte.
Las mismas fueron convencidas por otra vecina no vinculada a la protesta, quien les sugirió que lo mejor era presentar una denuncia penal, tras lo cual se retiraron del micro centro y si bien dijeron que iban a retornar al municipio para bloquear el acceso al edificio central, finalmente desistieron de tal medida.
DENUNCIA EN FISCALIA
A todo esto, a cinco días de haberse iniciado la escalada de masivas ocupaciones ilegales, recién ayer el municipio fijó oficialmente su postura. A través de un comunicado de prensa, el secretario de Gobierno, Osvaldo Cabrera, dijo que "no se pueden entregar estos planes porque falta la infraestructura básica de servicios como luz, agua, gas y cloacas".
"Hoy sabemos que muchas de estas viviendas han sido usurpadas por personas que no estaban inscriptas, tratándose de gente que no tiene antigüedad en esta ciudad y también por ciudadanos extranjeros que no tienen ni siquiera un permiso de radicación en la República Argentina", puntualizó.
Además, confirmó que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus asesores legales, presentó una denuncia penal "por usurpación" ante la Fiscalía de turno "y hemos requerido que se investigue cada uno de los casos".
Al mismo tiempo, indicó que "la Municipalidad se encuentra dispuesta a entregar y asistir a la justicia con toda la documentación que se nos requiera".
"Será ella la encargada de investigar quiénes son estas personas", dijo Cabrera, destacando que en el caso de las extranjeras "si no tienen radicación en la ciudad o en Argentina y están en condiciones ilegales, deberán tomarse las medidas del caso".
Por separado transmitió un mensaje de "tranquilidad" para los vecinos que no se prestaron a las usurpaciones "y siguen esperando la posibilidad de acceder a una vivienda propia", dado que la comuna contemplará esa postura.
Finalmente aseguró que "tenemos el testimonio de muchos vecinos de que fueron enviados a usurpar viviendas", y les dijeron que "después se las iban adjudicar, pero debe tenerse bien presente que esta administración no va a entregar ninguna vivienda a quienes estén usurpando".