La investigación judicial sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este sumó un elemento clave: los comprobantes de los vuelos privados utilizados para el traslado. La documentación, incorporada al expediente que conduce el juez federal Ariel Lijo, permite reconstruir el circuito de pagos y abre interrogantes sobre el origen de los fondos.
Según los recibos, el vuelo de ida fue abonado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien además aseguró haber alojado al funcionario en su residencia en Uruguay. En contraste, el regreso no fue pagado de manera individual, sino que integró un paquete de diez vuelos costeados por una persona cuya identidad no fue revelada públicamente.
La documentación fue entregada por la empresa contratada para el servicio aéreo a pedido del juzgado. A partir de ese material, la causa avanzó en la reconstrucción de la trazabilidad de los pagos para determinar quién asumió efectivamente los costos del viaje.
En ese marco, efectivos de la Policía Federal realizaron actuaciones en el aeropuerto de San Fernando, donde recolectaron registros y documentación relevante. Entre los elementos incorporados figura una transferencia bancaria por $6.984.180 —equivalente a unos USD 4.830 según la factura— vinculada al servicio aéreo.
El juez Lijo también requirió a los organismos que operan en esa terminal toda la información disponible sobre los vuelos, incluyendo registros administrativos y material de cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir el recorrido de los pasajeros y verificar el cumplimiento de los controles migratorios y aduaneros.
Por su parte, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita amplió las medidas de prueba. Solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil el plan de vuelo del avión Honda Jet matrícula LV-HWA, contratado por la firma Alpha Centauri S.A., tanto para el tramo de ida del 12 de febrero como para el regreso del 17.
Además, requirió a la Dirección General de Aduanas que informe si se realizaron controles sobre la aeronave, la tripulación y los pasajeros, así como la eventual presentación de declaraciones juradas por dinero u objetos de valor.
En paralelo, la fiscalía busca reconstruir el circuito financiero de la empresa Alpha Centauri S.A. mediante el análisis de registros contables y bancarios, con el fin de establecer el origen de los fondos utilizados.
Otro eje de la investigación se centra en las declaraciones públicas de Grandio, que fueron incorporadas al expediente. La Justicia solicitó la desgrabación de entrevistas tanto del periodista como de Adorni para contrastar sus dichos con la documentación reunida. Según el análisis preliminar, las versiones sobre el financiamiento del viaje presentan inconsistencias.
La causa se inició a partir de una denuncia de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes señalaron que el costo del traslado superaría ampliamente los ingresos del funcionario, estimados en torno a los $3,5 millones mensuales.
En paralelo, una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por la diputada Marcela Pagano, tramita por separado, aunque no se descarta una eventual unificación de ambos expedientes.
Con este escenario, la fiscalía analiza si los hechos podrían encuadrarse en delitos como enriquecimiento ilícito o dádivas. Por ahora, el foco está puesto en determinar quién financió los vuelos y en qué condiciones se realizó ese aporte.