Otro exfuncionario provincial podría recibir 3 años si le prueban hechos de corrupción

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió enviar a juicio oral y público la causa penal en la que se encuentra imputado Cristian Eguillor por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al otorgar, siendo titular de la obra social SEROS, un aumento en las prestaciones médicas que benefició -entre otros prestadores- a la empresa de diagnóstico por imágenes Tesla de la que era contador, además de amigo de sus socios.

El fiscal general Omar Rodríguez anticipó que en caso de ser hallado culpable, pedirá para el contador Eguillor una pena de tres años de prisión. A la vez el juez Nieto Di Biase pedirá a la Oficina Judicial la realización del juicio a la mayor brevedad, habida cuenta de lo dilatado del tiempo –dos años- en que el imputado se encuentra sometido a distintos procesos penales en algunos de los cuales ha resultado sobreseído y que se desprenden todos de la denominada causa “Embrujo”.

Eguillor fue designado al frente de Seros en diciembre de 2015 y renunció en febrero de 2018.

La audiencia preliminar se realizó este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson y el imputado fue defendido por el abogado Federico Ruffa, mientras que las partes estuvieron de acuerdo en las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público Fiscal como de la defensa. El debate se extendió en cuanto a la descripción del hecho que consta en la acusación y que serán los debatidos en el juicio oral.

SIEMPRE AMIGOS

Rodríguez –titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones- fue quien realizó la descripción del hecho y dio cuenta de la resolución que el imputado tomó para determinar un aumento en las prestaciones en beneficio de la empresa Tesla, dedicada al diagnóstico por imágenes con sede en la ciudad de Trelew de propiedad de Pablo Mamet (otro “exjoven brillante” del dasnevismo que fue fugaz ministro de Producción) y Juan Blasco, a los que consideró “amigos” de Eguillor que además oficiaba de contador a través de una persona que mencionó de apellido San Martín, dependiente del imputado en la obra social que presidía en el año 2016.

“Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encima del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, dijo Rodríguez.

Al momento de argumentar, el defensor de Eguillor pidió su sobreseimiento. Dijo que en la descripción de los hechos “no está claro” en qué se benefició Eguillor porque “no torció la voluntad administrativa para otorgar ese aumento” y que además “fue avalado por unanimidad por el directorio y por los órganos internos técnicos” de esa obra social.

Dijo también que el día del incremento a Tesla se dio un aumento “generalizado a todas las prácticas médicas”, en el marco de una actualización de montos a raíz de la inflación.

Ruffa fue aún más puntilloso en su argumentación y mencionó a tres integrantes del directorio de SEROS de apellidos González, Hernández y Schulman, “entre otros más”, que también avalaron aumentos en las prestaciones siendo también prestadores de esa obra social.

“Están en igual situación y el Ministerio Público Fiscal no los persiguió. Se trata de una conducta atípica y no significa que esté mal”, manifestó Ruffa.

Al momento de la contrarréplica, el fiscal Rodríguez ratificó la necesidad de que el caso Eguillor sea elevado a juicio oral y público y que en tal caso “si es necesario y la amerita, iniciaremos una actuación de oficio” respecto de los nombres mencionados por Ruffa.

Finalmente, el juez Nieto Di Biase indicó que el aspecto considerado “subjetivo” por el defensor Ruffa referido a la “intencionalidad de Eguillor de beneficiar a sus amigos”, deberá probarse en el juicio “sobre la base de elementos objetivos. Es allí donde se probará si solo queda en un reproche ético, o si en realidad se cometió un delito, tal como lo postula la fiscalía”.

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