El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, consideró la existencia del armado de un aparato represivo en favor de los intereses de terratenientes criollos y extranjeros en la zona de conflicto con la comunidad mapuche de Cushamen.
Pidió acelerar la investigación por encubrimiento contra el juez federal Guido Otranto, quien fue removido de la causa y contra el jefe de Gabinete de Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti.
En diálogo con Radio 10, especialista en seguridad afirmó que la desaparición de Santiago Maldonado “es un corolario de una estrategia del Gobierno nacional que se basó en montar un dispositivo de inteligencia ilegal conformado por Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la zona de Bariloche para apropiarse de las tierras de los mapuches por parte de grandes terratenientes”, indicó.
“El que comandó todo ese armado de represión e inteligencia fue Pablo Noceti. Fue organizado durante todo el año pasado donde en el Ministerio de Seguridad desfilaban los terratenientes y los representantes de la Sociedad Rural”, agregó.
En este sentido, Saín sostuvo que el punto culminante de esta medida se llevó a cabo el 31 de julio cuando Noceti ordenó el operativo de represión donde desapareció Santiago Maldonado.
“Lo interesante es que Gendarmería que cumple la orden de Noceti cuando podría haberse negado rotundamente. Por lo que Noceti tiene responsabilidad política e institucional”, destacó.
“El actual juez (de la causa, Gustavo Lleral) me causó una percepción diferente, pero hasta que no cite a Noceti, no voy a confiar en él. Ya hay elementos para citarlo. No solamente su participación en los hechos sino también todo el material que se secuestró en las bases de inteligencia de Gendarmería”, subrayó.
A la vez, el especialista consideró: “Santiago es detenido por Gendarmería y después comienza toda una estrategia de encubrimiento donde participan todas las instancias del Estado. Se contó con la complicidad del juez (Guido) Otranto porque sin su accionar nada de esto hubiera llegado a buen puerto. Si él hubiera investigado la desaparición de Santiago Maldonado, yo creo que el caso se hubiera esclarecido”, lamentó.
“Si Otranto sigue siendo juez en los próximos meses, esta es una republiqueta bananera. Otranto y la fiscal (federal Silvina) Avila tienen que dejar de ejercer sus funciones porque nos roban a los argentinos cuando cobran su sueldo”, agregó.
En consecuencia, Saín suscribió la hipótesis sobre la decisión por parte de la cúpula de Gendarmería ante la posibilidad de que el Gobierno decidiera “entregar” a los altos mandos de la fuerza luego de las elecciones.