Luego de que los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri hallaran culpable al productor ganadero Ricardo La Regina por la mayor parte de las imputaciones formuladas por afectar el medio ambiente y generar la muerte de pingüinos de Magallanes al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva faunística de Punta Tombo, este lunes se realizó la audiencia para conocer el monto de la pena a aplicar.
La fiscal Florencia Gómez, que investigó el caso y los abogados querellantes, pidieron cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento, por entender que el imputado era consciente de sus actos y la fragilidad del ciclo reproductivo del pingüino afectado por el paso de la retroexcavadora utilizada. Dijo que su conducta fue de “crueldad hacia los pingüinos además de otras especies afectadas por el paso de la máquina pesada”.
La fiscal destacó la “muerte de 240 pingüinos que ya no podrán cumplir con su ciclo reproductivo”, considerando que su actuación “no tuvo lógica” y que nunca pidió permiso para realizar esas tareas porque “no se lo hubiesen concedido”. Dijo que el daño generado fue “gravísimo con consecuencias también para las generaciones futuras”. Concluyó en solicitar la pena de cuatro años de prisión.
PENA ECONOMICA
Por su parte el querellante Martín Castro, además de coincidir con la fiscal general Gómez, se refirió a la necesidad del resarcimiento, la reparación del daño y su afectación al Estado. También pidieron el resarcimiento económico “superior a los 500.000 dólares”, las costas del proceso, la cesión de 500 hectáreas para proteger la fauna allí existente.
En tanto, el abogado querellante Eduardo Hualpa, representante de entidades ambientalistas, coincidió con lo solicitado por la fiscal Gómez y el otro querellante. A las penalidades económicas, agregó el decomiso de la máquina retroexcavadora que el imputado utilizó para los movimientos de tierra en función de su actividad ganadera.
Hualpa hizo alusión a la necesidad de determinar con claridad los objetivos de los bienes y dinero, en caso de que el Tribunal haga lugar a lo pedido por los acusadores.
LA DEFENSA
Por su parte el defensor Ruffa destacó “la ausencia del Estado” para prevenir este conflicto, la existencia de un camino que ejecutó el tío del imputado sin que el mismo Estado realice denuncia alguna, y el conflicto familiar que lo llevó a realizar los movimientos de tierra, sin que el mismo Estado intervenga a pesar de los reclamos del imputado.
Afirmó que su asistido “nunca tuvo intenciones de producir ese daño”, además de fundamentar las razones por las cuales no es necesario el decomiso de la máquina y que la superficie de terreno que se pretende incautar, “resulta un tanto exagerada”.
Afirmó además que el imputado es solo “administrador del campo” y que la propiedad del mismo sigue perteneciendo a la totalidad de su familia. Concluyó en pedir un año de prisión.
Fuente: MPF Rawson