Policía reconocido en una causa por vejaciones y lesiones graves

La causa que se investiga es por "vejaciones, en concurso ideal con lesiones graves agravadas por ser cometidas por miembros de la fuerza policial" y tiene como coimputado al oficial Marcelo Otero Lagos, quien fue reconocido por un testigo.

El hecho investigado ocurrió el 24 de agosto de 2022 en la Seccional Quinta de policía y tiene como coimputados a Gonzalo Martín Errea, sargento de Policía; Norberto Luis Tolaba; Secundino Ignacio Nahuelquir y Héctor Paolo Torres, estos últimos cabos.

La audiencia de reconocimiento de personas estuvo presidida por la jueza María Laura Martini y el Ministerio Público Fiscal fue representado por Eve Ponce. En tanto, la querella fue ejercida por Luciana Risso, del área de Violencia Institucional de la Defensa Pública y la defensa del imputado estuvo a cargo de Carlos Coronado, abogado particular. La fiscal a cargo de la investigación es Cecilia Codina.

El pasado 17 de noviembre se realizó la correspondiente audiencia de apertura de investigación para los 5 imputados donde la fiscal solicitó se les formalice el hecho acontecido tres meses antes en la Seccional Quintal, en base a la calificación legal provisoria de “vejaciones, en concurso ideal con lesiones graves agravadas por ser cometidas por miembros de la fuerza policial” en calidad de “coautores” para Otero Lagos, Errea, Tolaba; Nahuelquir y Torres.

Por su parte el defensor particular de los imputados formuló objeción a la apertura de la investigación y planteó la nulidad del allanamiento y el secuestro realizado.

Seguidamente la fiscal argumentó que el allanamiento y los secuestros fueron realizados por orden de un juez competente, conforme la ley y que la nulidad planteada no impide la apertura de la investigación, solicitando se rechace dicho planteo de la defensa.

Finalmente, la jueza penal resolvió rechazar el pedido de nulidad de la defensa y autorizó la apertura de la investigación preparatoria del caso, dando por anoticiados a los imputados del hecho que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. Asimismo, estableció el plazo de seis meses de investigación solicitado por la fiscal.

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