La ordenanza que sancionamos en la última sesión cumplió todos los requisitos y era necesaria, ya que si no limitábamos las funciones del Ente se podrían reiterar problemas graves, como el que ya se generó por la intimación que, por 14 millones de pesos, Patagonia Argentina le hizo al municipio, señaló el concejal José Gaspar (Alianza Cambiemos), en diálogo con El Patagónico.
El concejal dijo que esa intimación, que está basada en las diferencias que la transportista alega existe entre lo certificado por el Ente de Control y lo que verdaderamente le corresponde por el servicio, es la que motivó que el municipio adelantara 7 millones de pesos para levantar el paro de los choferes del mes pasado.
“Lo que se hizo en este proyecto, que no es mío sino que se trabajó entre todos los concejales, es limitar los alcances de las funciones del Ente porque no podía aplicar multas y mucho menos fijar tarifas, como casi hace con el tema de los taxis, remarcó.
Luego de cuestionar la denuncia y el accionar de la concejal Norma Contreras (Chubut Somos Todos), el edil radical insistió en esa demanda de Patagonia, que dijo fue aceptada por la Cámara. De inmediato, criticó al Ente por no abocarse a lo que le corresponde que es el control de los servicios. Todos vemos cómo está el servicio de agua y cloacas, al igual que el de la limpieza, pero no vemos ninguna expresión del organismo de control.
“NO NOS CONSTA”
Por su parte el presidente del Ente de Control, Luis Ferrero, dijo ayer no tener información ni dato alguno respecto a la demanda aludida por el concejal Gaspar, aunque aclaró que la misma pudo haberse efectuado a partir de las diferencias que existen entre lo que la transportista quiere cobrar y lo que realmente le corresponde.
En diálogo con Radio Del Mar, el titular del organismo recordó que mientras nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, que es controlar y defender el patrimonio municipal y el servicio, la empresa lo que hace es defender su bolsillo. Seguramente es lo que habrán hecho al plantear este reclamo.
Ferrero explicó que el Ente se ocupa de revisar las certificaciones de la empresa, de manera tal que luego se dictamina, en función de los pasajeros transportados, cuánto le corresponde de subsidio municipal.Respecto de la ordenanza sancionada el 17 de octubre, el miembro del Ente dijo desconocer el texto pero advirtió que una vez que esté en firme, lo analizaremos y nos adecuaremos, como corresponde, al trabajo que nos asigne la ley.