Un grupo de internos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado sobre la Ruta 3 en Trelew, presentó un reclamo formal ante el juez Marcelo Di Biase para cuestionar un conjunto de nuevas disposiciones que restringen el ingreso de alimentos y establecen un código de vestimenta para las visitas.
Las medidas, implementadas recientemente, prohíben el ingreso de productos como milanesas, salamines, croquetas y tartas. Según los detenidos, la decisión carece de fundamentos claros y responde, en la práctica, a la intención de reducir los controles sobre los alimentos que ingresan durante las visitas. En su presentación, calificaron las disposiciones como “incoherentes, contradictorias y arbitrarias”.
El planteo fue expuesto en una audiencia realizada este viernes, donde el interno Pablo Hualpa, con siete años de detención, intervino por videoconferencia en representación del colectivo. Allí sostuvo que el problema no radica en el personal penitenciario, sino en la falta de recursos estructurales. “No hay medios materiales ni humanos suficientes, y se busca aliviar la carga de requisas a costa de nuestra alimentación”, afirmó.
Los internos señalaron inconsistencias en los criterios aplicados: mientras se restringen ciertos alimentos elaborados, se permite el ingreso de otros similares. También cuestionaron que algunos productos sólo puedan consumirse en la sala de visitas, sin posibilidad de trasladar los sobrantes a los pabellones, lo que —según indicaron— obliga a desechar comida y genera un perjuicio económico para las familias.
Además, denunciaron condiciones que podrían afectar la higiene y la salud, como la exigencia de trasvasar bebidas y alimentos en envases alternativos para su ingreso, o demoras prolongadas en la entrega de productos perecederos tras su revisión.
En paralelo, las autoridades del penal implementaron un código de vestimenta para las visitas, especialmente dirigido a mujeres. La normativa prohíbe el uso de calzas, prendas con capucha, bufandas y otros accesorios de abrigo. Desde el penal, la subcomisaria Pamela Vásquez explicó que estas restricciones buscan facilitar la identificación mediante cámaras de seguridad y evitar confusiones con uniformes del personal.
También argumentó que ciertas prendas ajustadas o translúcidas han generado conflictos entre internos, por lo que se busca establecer pautas consideradas “adecuadas” para el contexto penitenciario.
Sin embargo, los detenidos consideran que estas medidas son desproporcionadas y afectan el vínculo con sus familiares. En su presentación, señalaron que las limitaciones impactan especialmente en mujeres de bajos recursos, al restringir el uso de prendas accesibles y necesarias para afrontar las condiciones climáticas de la zona.
Ante la controversia, el defensor público Sergio Rey propuso abrir una instancia de diálogo. Está previsto que el próximo miércoles se realice una reunión entre representantes de los internos, autoridades del penal, el área de Servicio Social y la Dirección de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Seguridad.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, será el juez Di Biase quien deba resolver sobre la legalidad y alcance de las medidas cuestionadas.
Con información de Jornada