Este viernes detuvieron al dueño de un complejo de departamentos acusado de grabar con cámaras ocultas a sus inquilinas en la capital de La Rioja. La fiscal de la causa llamó la atención sobre la situación de “riesgo extremo” que atravesaban las víctimas si el acusado estaba en libertad.
La semana pasada al menos tres estudiantes denunciaron en la Comisaría Séptima que el propietario había instalado cámaras en los tragaluz de los departamentos ubicados en Carlos Gardel al 9000, en el barrio Luis Vernet. Por esto, el hombre tendría grabaciones de las inquilinas en sus dormitorios. Una de las denunciantes accedió a la memoria insertada en la cámara de su habitación y confirmó las grabaciones. También contó que el propietario tenía una copia de las llaves de los departamentos y accedía con el permiso de ellas, pero sospechan que entraba solo.
El Ministerio Público Fiscal provincial realizará el peritaje sobre las computadoras, cámaras y CDs secuestrados para establecer el contenido de los videos y la responsabilidad del acusado. La fiscal Nadia Schargrodsky le solicitó a la jueza Gisela Flamini que disponga la investigación del hecho para determinar la verdad del mismo y la responsabilidad del denunciado. Para esto, convocó a la intervención interdisciplinaria a la hora de evaluar al denunciado con entrevistas y técnicas proyectivas que determinen indicadores o índices de peligrosidad.
“Las conductas reprochadas al imputado implican una agresión en un contexto de violencia de género, requiriendo una atención apropiada y urgente por parte del Estado, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales”, fundamentó. Además, solicitó con urgencia diligencias procesales: la detención del acusado por el delito de violación de domicilio (tres hechos) en concurso real; la prohibición de acercamiento al lugar de residencia, trabajo o lugares de habitual concurrencia de las víctimas; la prohibición de comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar con relación a ellas; y el cese de los actos de perturbación e intimidación, tanto en el espacio analógico como en el digital.
La fiscal pidió la prohibición explícita de la difusión en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación de insultos, agravios, imágenes, filmes o contenidos referidos al ámbito privado de las víctimas. A su vez, subrayó que este caso está enmarcado dentro de la violencia de género: el propietario sólo alquilaba a mujeres y las cámaras apuntaban a sus camas.