Revocan la libertad de los imputados por secuestro

Este sábado se concretó, ante dos jueces de Esquel, en forma semipresencial la audiencia de revisión solicitada por el representante de fiscalía en relación al caso acontecido el 11 de noviembre, en Comodoro Rivadavia, que tiene como imputados a los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo.
El representante de la fiscalía solicitó que se revocara la decisión de la libertad de los imputados dispuesta por la jueza del caso, Lilián Bórquez y que se dictara su prisión preventiva.
En contraposición la defensa pidió que se rechazara la revisión y que se confirmara en todos sus términos la resolución de la jueza Borquez y que subsidiariamente se le aplicaran mayores medidas sustitutivas a sus asistidos.
Finalmente, el tribunal revisor pasó a deliberar y resolvió revocar la resolución de la jueza “por arbitraria” y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por 60 días.
Los jueces de revisión entendieron que la jueza asumió una competencia irregular al cambiar la calificación legal propuesta por la fiscalía. La Constitución de Chubut prohíbe a los jueces inmiscuirse en las facultades del fiscal, existen severas amonestaciones para los jueces que quieren hacer lo que hacen los fiscales, sostuvieron los jueces. Entre las funciones de la fiscalía se halla la de investigar y la carga de la prueba, que está en sus manos. El juez no tiene esas funciones. El único autorizado a pedir una imputación es el fiscal, no el juez, argumentaron. La descripción de los hechos, se vuelcan perfectamente en el “secuestro coactivo, es clarísima la calificación propuesta por la fiscalía”, indicaron.
Para resolver hay que tener presente las características graves del hecho y la pena que se espera como resultado del proceso, expresaron.
Actuaron como tribunal revisor, por videoconferencia, Jorge Criado y Ricardo Rolón, el Ministerio Público Fiscal fue representado por Franco Tavano, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa particular de los hermanos Sarparo fue ejercida por Betania Daporta y por Laura Soledad Carrizo, defensoras particulares de los mismos.