Sarmiento: abren investigación contra Balochi por administración fraudulenta

Además del exintendente sarmientino serán investigados por la Justicia los exfuncionarios Rubén Camarda y Daniel Miguenz. De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, habrían realizado mediante una contratación directa para la adquisición de una caldera, por lo que no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para ese tipo de compras.

El exintendente de Sarmiento, Sebastián Balochi y los exfuncionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz, serán investigados como presuntos autores del delito de administración fraudulenta. La denuncia surgió a raíz de la compra de una caldera para el edificio municipal en 2015. Esta operación se habría realizado mediante una contratación directa.

Para la Fiscalía no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para este tipo de compras. El Ministerio Público Fiscal obtuvo un plazo de seis meses para culminar las tareas investigativas.

Así, en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló ayer la audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino. La Fiscalía estuvo representada por la fiscal Laura Castagno. Mientras, los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur. También participó la asesora legal del municipio, Fabiana Uribe.

En la oportunidad, Castagno relato los hechos que figuran en la pieza de apertura. En ese sentido, sostuvo que el 22 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo municipal de Sarmiento, el entonces intendente Sebastián Balochi y el secretario de Coordinación de Gabinete, Rubén Camarda adquirieron, mediante contratación directa, una caldera de hierro fundido marca “JIT”, modelo “F-62” de 80.000 calorías a la firma “Thermosar”. Para ello libraron una orden de compra a nombre del titular del comercio.

La fiscal agregó que la orden de pago se emitió el 30 de septiembre de 2015. La disposición fue suscripta por Balochi, Camarda y Daniel Miguens (exsecretario de Hacienda), y la misma fue por un monto de más de 130.000 pesos.

Para los investigadores esa suma de dinero es sensiblemente superior al valor real de mercado que por entonces tenía ese producto. En esta línea de análisis, Castagno, sostiene que se habría obligado abusivamente al Estado municipal de Sarmiento a pagar un sobreprecio por tal producto.

En este contexto, la fiscal aseguró que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Thermosar”. También informó que esa empresa adeudaba pagos de tributos a la Municipalidad de Sarmiento, correspondientes a las tasas de comercio e industria e ingresos brutos.

La parte investigadora asegura que la ordenanza 49/2012, en su artículo 23 inciso c, impedía tal acuerdo comercial. No obstante se llevó adelante la operación, con el fin de procurar para la empresa un lucro indebido.

Por último, indicó que los sospechosos tenían a su cargo la administración y el cuidado de los fondos de las arcas del municipio de Sarmiento, en virtud de sus designaciones como funcionarios públicos.

Con respecto a la calificación legal, dijo que se investigará a los procesados como presuntos autores del delito de administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida contra la administración pública en carácter de coautores (artículos 173 inciso 7°, 174 inciso 5° y 45 del Código Penal). En tanto, peticionó al juez que le otorgara un plazo de seis meses para finalizar la investigación.

En este marco, el exjefe comunal utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Balochi sostuvo que ejerció su mandato en el período 2011-2015, y que jamás su equipo de trabajo tuvo la voluntad de perjudicar al Estado municipal o la comunidad de Sarmiento.

Agregó que el Tribunal de Cuentas de la provincia, aprobó tres ejercicios y medio, de su mandato y fueron contestadas todas las observaciones realizadas por el organismo.

Con respecto a la compra de la caldera, informó que se decidió realizar esta operación, a raíz de un reclamo informal de empleados municipales de distintos sectores que no tenían posibilidad de calefaccionarse ante las continuas roturas de un artefacto que llevaba mucho tiempo de uso en el edificio municipal.

A la vez, Balochi explicó los mecanismos de contratación directa y el contenido de la ordenanza que habilita a este tipo de operaciones. Así, aseguró que el convenio se realizó dentro del rango de módulos municipales permitidos por la norma.

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