Finalmente, no ocurrió el desalojo mapuche de las comunidades Melo y Quintriqueo en Villa La Angostura, y si bien muchos actores dejaron trascender que fue por "falta de policías", hay un trasfondo mucho más complejo en una causa que tiene más de una década.
El procedimiento se iba a realizar el pasado 30 de marzo, por orden del juez Francisco Astoul Bonorino, quien lleva varias causas en esa localdiad cordillerana. El caso quedó envuelto en denuncias de ilegalidad, algunas maniobras judiciales y un trasfondo de intereses privados que aún no se aclaran.
Se trata del sexto intento de desalojo desde 2011 sobre un territorio de unas 625 hectáreas en la zona de El Pedregoso, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y cuya denuncia la hizo María Cristina Broers, quien figura como titular original, cuya familia de nacionalidad belga, se asentó en la zona en los años 70.
La lonco Amancay Quintriqueo aclaró por Radio CALF porqué el operativo no se concretó ese día. “Intentaron hacer el desalojo pero no estaba validado, no tenían los protocolos pertinentes ni la policía de la provincia para poder ejecutarlo. Pudimos determinar que era ilegal”, sostuvo.
Villa La Angostura: la dueña Broers y los mapuches
Además, apuntó a irregularidades de fondo en el proceso. “Están haciendo malas maniobras por los intereses que hay detrás. Sabemos que ese territorio fue vendido a una sociedad anónima, pero no sabemos quiénes son los dueños y nunca pudimos acceder a un diálogo”.
Quintriqueo también remarcó el origen del conflicto. “Nosotros tenemos posesión desde hace generaciones. Era zona de invernada de nuestros animales. En los años 70 apareció un alambrado y nos impidieron el ingreso. Desde ahí empieza todo”, explicó.
Y acotó: “El año pasado iniciamos una causa para que se investiguen los títulos de propiedad. Queremos saber cómo los obtuvieron si ese territorio siempre fue de uso nuestro”.
La vocera también amplió el alcance del conflicto, vinculándolo con el acceso público a la naturaleza. “No es solo un problema mapuche. Estamos resguardando un brazo del lago Nahuel Huapi donde todavía se puede acceder de manera gratuita. Cada vez hay menos lugares así porque todo se privatiza”.
La dueña, la venta a una SA y el actor privado
Pero, según denuncian las comunidades, esas tierras fueron vendidas no hace tiempo —en pleno conflicto— a una sociedad anónima llamada El Totoral, sin que se conozcan públicamente sus verdaderos dueños. Aun así, el proceso judicial avanzó impulsado por la parte privada.
El intento de desalojo se apoya en una sentencia obtenida por los privados, pero con una limitación que es un interdicto de recobrar, es decir, una medida que solo restituye la posesión sin analizar quién es el dueño real del territorio.
Esto implica que el fondo del conflicto —la titularidad de las tierras— nunca fue resuelto. El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, presentó una nulidad de todo el procedimiento. Denunció que el juzgado ordenó medidas sin notificar a las partes y sin que existiera una resolución de reserva que lo habilitara.
“No puede llevar adelante medidas de desalojo sin que esta parte sea debidamente notificada. Se vulnera el derecho de defensa”, planteó a LM Neuquén.
Y acotó: “Habiendo una causa donde se discute la propiedad, el juzgado avanza en esta ejecución para tornar abstracta la otra. Es una manipulación de los procesos”.
"Todo está embarrado”
En su análisis, Sánchez describió un escenario aún más complejo. “Se intentó ejecutar un desalojo sin notificar a las partes. Eso es ilegal. Y cuando planteamos la nulidad, el juez dispuso la reserva de las actuaciones, pero tarde”, indicó.
También cuestionó el doble rol del juez Astoul Bonorino en dos causas paralelas: “En una causa tiene que resolver una cautelar que puede frenar el desalojo, pero no lo hace. Mientras tanto, avanza en la otra para ejecutar la sentencia. No hay explicación jurídica para eso”.
Y agregó: “Esta sentencia es un interdicto, nunca se discutió el derecho. Además, hay un hecho nuevo: el relevamiento territorial que reconoce esas tierras para la comunidad”.
Finalmente, dejó entrever un trasfondo político. “Hay un manejo político. El Estado Nacional ya tomó decisiones sobre esas tierras y ahora hay sectores que quieren revertirlas. Y la provincia parece querer quedar bien con todos”.
Qué pidió la comunidad
En su presentación judicial, la defensa solicitó la nulidad de todas las actuaciones posteriores al 11 de marzo de 2026, la suspensión inmediata del desalojo, la acumulación de las causas para resolver en conjunto la posesión y la propiedad.
Hubo un desalojo fallido, un fallo provisorio utilizado como base y una sospecha de tierras vendidas a una sociedad sin un rostro visible. En el fondo, la disputa tiene dos argumentos de legalidad. Una es la de una propiedad formal sostenida por privados y la de una ocupación ancestral que busca reconocimiento legal.
En el medio, como siempre, ¿quién tiene realmente derecho sobre esas tierras?