Se suman los fiscales Nápoli e Iturrioz para investigar la causa "El embrujo"

A través de una resolución, el procurador general Jorge Miquelarena amplió la conformación de la Unidad Especializada que investiga la causa "El embrujo" en delitos contra la administración pública.

Mediante Resolución N° 049/18 emitida el viernes 13 de abril el Procurador General amplió la conformación de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública que fuera creada en el mes de febrero.

“Se tuvo en cuenta que el caso “Correa” llevado por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, ha derivado un sinnúmero de efectos con diferentes niveles de impacto, que surgen denuncias de hechos de corrupción que involucran a gran cantidad de sospechosos, lo que a su vez suscita legítimas expectativas en la comunidad de que se logren las condenas de los responsables y se recuperen los bienes que fueron ilícitamente detraídos de las arcas estatales”.

Plantea la Resolución que “el Ministerio Público Fiscal debe estar a la altura del desafío, redoblar los esfuerzos para cumplir con los compromisos y poner como prioritarias estas causas”.

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En ese orden, Miquelarena amplió la conformación inicial reforzando la integración con los fiscales Nápoli e Iturrioz y con el funcionario de Fiscalía Nuñez.

La investigación original se inició tras la aparición de un sobre en la Legislatura que contenía facturas con presuntos sobreprecios en la compra de ayuda para los damnificados por el temporal registrado en Comodoro Rivadavia entre fines de marzo y principios de abril del año pasado.

Poco después, surgieron indicios o evidencias que llevaron a investigar una presunta asociación ilícita que llevó a la detención de Diego Correa, que era subsecretario de la llamada Unidad Gobernador, y de otras seis personas.

En el marco de esta causa se practicaron una docena de allanamientos en Trelew, Rawson y Playa Unión, donde fueron secuestrados expedientes públicos, chequeras oficiales y otra documentación.

Esos procedimientos reunieron indicios en el sentido de una vinculación entre empresas creadas por los propios funcionarios involucrados y allegados, mediante las cuales se compraban bienes para “blanquear” fondos públicos que se desviaban de modo ilícito.

El último detenido fue el contador Federico Gatica, a quien fuentes judiciales vinculan con la conformación de empresas destinadas al lavado o blanqueo de activos.

En tanto, el elemento que más conmueve a la opinión pública es la viralización en redes sociales de supuestas copias de un listado que consta en el expediente judicial, con nombres de funcionarios, exfuncionarios, otras personas que figuran con sobrenombres e iniciales y grupos de pertenencia.

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