Sobreprecios: imputaron a la exministra Cigudosa

La exministra de Educación de Chubut y actual diputada provincial es investigada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de administración de obras para la refacción de escuelas. En la causa hay otras siete personas imputadas, entre exfuncionarios y empresarios.

Durante el mediodía de este viernes, el Ministerio Público Fiscal confirmó la imputación de la exministra de Educación y actual diputada provincial por Chubut al Frente, Graciela Cigudosa. Es en el marco de la investigación que busca probar una presunta defraudación al Estado chubutense mediante irregularidades en el manejo de fondos en la administración de obras para refacción de escuelas de la provincia. El caso es investigado por el fiscal Omar Rodríguez.

Junto a Cigudosa fueron imputados el exsubsecretario del ministerio Raúl Alberto Care y su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel y otras tres personas identificadas como Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra, que habrían formado parte de la maniobra fraudulenta.

La investigación tiene como hipótesis el armado simulado de concursos de empresas para direccionar las licitaciones y luego establecer sobreprecios de más del 500% de su valor en el mercado en materiales. Está centrada en las obras de establecimientos educativos ubicados en Rawson y Playa Unión.

ACUSACION

En su presentación, la Fiscalía revela: “se logró establecer por parte de la exministra de Educación de Chubut Graciela Cigudosa, el subsecretario de Educación Raúl Care, Gustavo Hueichan, Roxana Pereyra, Jorge Santucho, Daniel Benjamín Gel, el plan congeniado por ellos a fin de obtener un lucro indebido defraudando las arcas de la provincia del Chubut a través de una compulsa de precios inexistentes”.

Respecto de la pena que le podría caber a Cigudosa en caso de que la causa sea elevada a juicio y se determine su responsabilidad penal, la Fiscalía adelantó que pedirá que no sea “inferior a los a los tres (3) años y (6) meses de prisión, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”. Además, señala a la exministra como “pieza central de la actividad delictiva, por ser en aquel entonces ser la autoridad máxima”.

Además de la imputación se solicita al juez que “ordene el decomiso de los bienes que resultan el fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado, por cada uno de los imputados”.

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