Sube 2,1% el nomenclador de Discapacidad, pero sigue pendiente la Emergencia

El Gobierno nacional oficializó una suba del 2,1% en los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a agosto.

La actualización acompaña la inflación de julio, mientras continúa la controversia por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y los reclamos del sector por la recomposición de los valores.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 2775/2026, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y alcanza de manera uniforme a las distintas modalidades comprendidas en el nomenclador.

Se mantiene el adicional del 20% para la Patagonia

La resolución también mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en la Patagonia, un punto de especial impacto para Chubut y el resto de las provincias del sur.

La actualización del 2,1% toma como referencia la inflación informada para julio. Sin embargo, el incremento vuelve a quedar en el centro de la discusión con prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que vienen reclamando una recomposición que contemple el atraso acumulado de los aranceles.

La discusión por la Ley de Emergencia

El nuevo aumento se conoce mientras continúa abierta la disputa por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya implementación ha sido objeto de reclamos y presentaciones judiciales.

Uno de los principales puntos cuestionados es que las actualizaciones mensuales del nomenclador no contemplan la recomposición retroactiva reclamada por el sector frente a la pérdida acumulada durante los últimos años.

El nomenclador establece los valores de referencia para diferentes prestaciones destinadas a personas con discapacidad y alcanza a servicios fundamentales para tratamientos, rehabilitación y apoyos.

Con la nueva resolución, los aranceles de agosto aumentarán 2,1% y en la Patagonia continuarán contando con el adicional del 20%, mientras permanece pendiente la discusión de fondo sobre la implementación integral de la emergencia y el financiamiento del sistema.

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