Un matrimonio denunció penalmente al Intendente de Puerto San Julián, Antonio Tomasso por supuestas amenazas que habrían surgido luego de que le suplicaran por un trabajo o asistencia alimentaria para sus hijos. Ambos tienen HIV y según dijeron, tanto el intendente como su secretaria de Desarrollo Social, Nara Giménez los habrían denigrado por “sidosos”.
Se trata de una pareja joven, sumida en la pobreza junto a sus tres chiquitos, a los que en el último tiempo llegaron a alimentar, según contaron, con sobras. El hombre, a quien identificaremos como Juan, llevaba meses en idas y vueltas con la Municipalidad, que lo tenía en vilo con la posibilidad de darle un trabajo.
Anteriormente, la pareja tuvo asistencia alimentaria, pero se habría cortado –según dijeron- cuando las autoridades se enteraron de que ambos son portadores de HIV. Fue entonces, cuando las vueltas se habrían convertido directamente en un “no” acompañado de “malos tratos e intimidación”, conscientes de sus derechos, acudieron a la Defensoría Oficial logrando un amparo para que el Estado les garantizara lo mínimo indispensable para subsistir.
ARRUINAN EL PUEBLO
-El matrimonio fue testigo de varias convocatorias para cubrir puestos como maquinistas u operadora de Familia en el área Social, pero cuando iban les decían que el papeleo iba a ser abrumador, según creen, con la intención de desalentarlos. En el ínterin, un funcionario se les habría sincerado: “pasa que si te contratamos y te pasa algo, por tu enfermedad, nos vas a romper el culo”, en referencia a un eventual juicio laboral.
Ahí fue que a Juan se le ocurrió empezar un micro-emprendimiento lavando autos. Consiguieron una hidrolavadora y se les ocurrió pedirle al municipio que les donara una aspiradora. Sostienen que la administración de Tomasso nunca les dio el aparato y en la desesperación, terminaron haciendo los papeles para llegar a un bolsón de alimentos al mes, que no alcanzó. Cuando la cosa se ponía difícil y no tenían nada para alimentar a los chicos, iban a buscar comida al Hogar de Ancianos, pero en la vianda “nos daban sobras, pan viejo, fruta podrida y como son nenes no pueden consumir esas cosas”, dijo.
Después de dos meses sin pagar el alquiler los desalojaron. “Tomasso nos dijo que nos fuéramos del pueblo, que personas como nosotros no teníamos que existir porque habíamos venido para arruinar este pueblo”, contó Juan que le dijo el intendente cuando le pidieron para el alquiler.
Según dejó constancia el jefe de familia, el intendente del PRO también les dijo “que no teníamos que vivir del Estado” y que iba a ir a la Justicia si era necesario “para que nos fuéramos del pueblo… que en su gestión no nos iba a dar nada”.
Cuando esos encuentros con autoridades de Gobierno terminaron mal, la Defensoría Oficial se ocupó de la protección de los derechos de la familia, intimando a Desarrollo Social del municipio a ocuparse. Cuando su titular, Nara Giménez recibió el Oficio, se ofuscó y, según consta en la denuncia, los denigró con un “sidosos de mierda”.
No se trata de una demanda por discriminación, que bien corre por fuero civil o el carril administrativo en el INADI, sino de una denuncia penal porque la pareja se siente amenazada por el intendente.