Denuncias de malos tratos y amenazas; falta de insumos; cambios arbitrarios y recortes en distintas áreas fueron algunos de los reclamos que se escucharon ayer en la asamblea que trabajadores del Hospital Regional realizaron por despidos e incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo.
La reunión gremial se llevó a cabo en el marco de un paro que convocó ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) por 24 horas y que tuvo acompañamiento en el hall del nosocomio, donde médicos, enfermeros, choferes y personal de otros mantuvieron un acalorado debate donde no faltaron acusaciones cruzadas.
Gerardo Coronado, titular de ATE Comodoro, confirmó a El Patagónico, al término del encuentro, que el próximo viernes habrá una nueva asamblea donde se definirá un plan de lucha.
Es que ayer los propios trabajadores mostraron su descontento con lo que consideran una clara señal de recorte del Gobierno provincial con el sistema sanitario, en pos de que la atención se centralice en el ámbito privado a través de derivaciones médicas.
“Acá hay una destrucción de la estructura hospitalaria”, dijo el neurólogo Eduardo Abad. “ Cuando se implemente el plan nacional de salud (que anunció el presidente Mauricio Macri), yo garantizo que el hospital va a quedar desarmado directamente porque nos están destruyendo arquitectónicamente; nos están destruyendo los servicios; entonces la base de la salud que son los trabajadores y la estructura que tenemos va a dejar de existir… hoy da vergüenza en las condiciones en que se está atendiendo ”, agregó.
Abad integra la Comisión de Salud que se creó recientemente en el nosocomio que tiene como directora a Miryám Monasterolo.
“La diferencia que están generando entre lo que llaman la salud pública y la salud privada es aberrante, siendo que nosotros somos los que garantizamos la salud de la población; sino fíjense las derivaciones y la arquitectura que tenemos acá. ¿Es la misma qué le están dando al Cabin o a los centros privados? Porque el 60% de los pacientes que tenemos acá van a ser derivados a esos lugares con la consiguiente pérdida del presupuesto de salud que nos tienen asignado”, aseguró Abad.
FALTA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
Gladys Díaz, integrante de la CTA, en tanto, denunció que en el sector de Archivo están vencidos los extintores, con todo lo que eso representa para una zona repleta de documentación; en lavandería no funcionan las planchas, y en los Centros de Día no se están cobrando las tareas en terreno.
“Creo que no estamos tomando dimensión de lo que está ocurriendo. De los compañeros que están en subsuelo o lavadero, el 50% son monotributistas, ganan 13 mil pesos y 3 mil pesos están pagando a la DGI (AFIP). Pregunto yo: ¿dónde queda la solidaridad? Porque no tienen planchas, lo hacen a mano y las sábanas están arrugadas con todo lo que eso significa”, señaló refiriéndose a las bacterias y virus que se eliminan con el planchado.
La dirigente aseguró que el Gobierno provincial “apunta directamente a acrecentar la discriminación”. Por esa razón, pidió conformar una mesa de unidad sindical. “Acá no se salva ningún afiliado de un sindicato, ni ningún vecino de ningún barrio. En la medida que empecemos a comprender que la salud pública es entre todos, quizás podamos rever eso”, sentenció.
Horacio Navarro, dirigente de ATE, tras escuchar a Díaz y en un claro gesto de desacuerdo, pidió realizar “un verdadero plan de lucha y dejarse de hinchar” y aseguró “que los sindicatos están a años luz de los problemas de los trabajadores”.
Las críticas fueron respondidas por otro trabajador que lo acusó de “carnero” y tanto Coronado como Alberto Vargas, de ATE, intentaron terminar el cruce cerrando su intervención.
MALOS TRATOS
Tras las palabras de Navarro y del delegado de Salud Mental Federico Marín, se realizó un cuarto intermedio y los trabajadores pidieron la presencia de la directora del nosocomio, Miryám Monasterolo.
La funcionaria accedió a dialogar con los trabajadores, y en ese marco, se le pidió que se quite a la responsable de administración, quien fue acusada de malos tratos y cambios arbitrarios.
Una trabajadora del Banco de Sangre incluso expuso su situación luego de que la obligaran a cambiarse de sector luego de 25 años de servicio en un área que conoce y para la cual fue formada.
La empleada aseguró que fue maltratada y sus dichos fueron ratificados por otro trabajador, quien aseguró que también fue maltratado por la misma administrativa y pidió que sea apartada del cargo, asegurando que realizará la denuncia ante el INADI.
Monasterolo escuchó los reclamos y pidió que se realicen de forma individual. Y ante la insistencia del trabajador, lo acusó de haber amenazado con un cuchillo a una compañera.
Finalmente, ante otra consulta la directora ratificó que la continuidad laboral de los trabajadores contratados está asegurada hasta el 31 de marzo, tal como decretó el Gobierno provincial en su “Acuerdo Ciudadano” y luego se analizará cada situación.
Por lo pronto, ante la falta de respuestas, el próximo viernes habrá una nueva asamblea, donde se prevé que se defina un plan de lucha.