Uber: podrían secuestrar autos y quitar registros

Un proyecto presentado por la concejala Alejandra Robledo establece sanciones para todos aquellos vehículos que no cuenten con una habilitación municipal. 

El tema Uber se instaló en Comodoro. Quienes trabajan como choferes de alquiler a través plataformas entregaron un petitorio al Concejo Deliberante para que no se penalice su actividad ya que es la única fuente de ingreso que tienen. En el medio están los taxistas y remiseros que se quejan porque este tipo de servicio no carga con los impuestos que ellos deben afrontar mes a mes. En tanto, se abrió un servicio paralelo que funciona mediante redes sociales y que crece a diario.

En este marco, la concejala del Frente de Todos, Alejandra Robledo, presentó un proyecto de ley que busca penalizar a todo aquel servicio de transporte que no cuente con la habilitación municipal correspondiente.

En sus fundamentos, la iniciativa considera que es de público conocimiento la existencia de una red de transporte privado de personas, de carácter oneroso, a través de vehículos particulares, mediante un software de aplicaciones móvil que conecta directamente a los pasajeros con los conductores y que esa práctica no se encuentra regulada, ni habitada para tal fin, llevando a una clara violación de las normas que regulan la actividad.

“Resulta indispensable para la circulación vehicular de pasajeros en la vida pública contar con habilitación correspondiente emanada por autoridad competente y seguro vehicular y que todos los habitantes de la Nación Argentina gozan de los derechos consagrados en la Constitución Nacional conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (Artículo 14), pudiendo ejercer el Estado lo conocido como Poder de Policía”, subraya.

“Este sistema imperante, sin ningún tipo de regulación, trae aparejada una competencia desleal y desigualdad manifiesta”, considera y establece que el Concejo Deliberante no es ajeno en materia de transporte de pasajeros, ya que ha sancionado con fuerza de ordenanza lo relativo a los coches, remises y automóviles de alquiler con taxímetro.

“Nuestra petición consiste en proteger las fuentes de trabajo de aquellas personas que ejercen la profesión conforme a la ley” y propone que el municipio otorgue nuevas licencias de taxis y remises para evitar la circulación de vehículos que prestan dicho servicio.

SANCIONES

El proyecto, que es tratado en comisiones, establece, en su artículo 1, que “la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa, que reglamentará el Poder Ejecutivo Municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de 180 días hábiles administrativos contados a parto de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida”.

“En caso de reincidencia, la multa a aplicar será incrementada, con más la accesoria de inhabilitación para conducir por el plazo de 380 días hábiles”, agrega.

Además, propone que “constatada la infracción antes citada, y de no coincidir el titular registral del respectivo vehículo con la persona del conductor, será impuesta sobre aquella idéntica sanción que la contemplada en el artículo anterior En tal caso, las medidas se aplicarán por cada vehículo en infracción”.

“El servicio de transporte al que alude el artículo 1 comprende la modalidad de taxi, remises, transporte escolar, servicio de excursión, auto rural, transporte privado de personas, transporte entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital, utilizando un dispositivo móvil y/o un sistema de posicionamiento global y todo otro servicio cuya organización y autorización compete a la Municipalidad cualquiera fuere la modalidad y/o medio de pago utilizado para su contratación”, asevera.

Asimismo, “la difusión por cualquier medio y formato y/o la oferta pública del servicio de transporte contemplado en el artículo 1, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar a la imposición de una multa para las personas humanas y/o jurídicas responsables del hecho. En caso de reincidencia, la multa a aplicar será incrementada”.

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