Un tribunal turco suspendió ayer una orden del gobierno de que las investigaciones por corrupción se canalicen sólo a través de los jefes policiales y fiscales, en un revés para los intentos del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de contener la extensión de un megaescándalo de sobornos.
Críticos acusan a Erdogan de tratar de obstruir la investigación de personas cercanas al gobierno presuntamente implicadas en el escándalo, que es una de las mayores crisis que enfrenta el premier en 11 años en el poder y que ya le costó la renuncia de tres ministros, cuyos hijos fueron detenidos como sospechosos.
Ayer, tres diputados del partido de Erdogan que habían cuestionado su manejo del caso renunciaron a sus bancas denunciando presiones del Ejecutivo sobre la Justicia, ahondando fisuras en la agrupación oficialista que ya habían aflorado cuando uno de los ministros renunciantes pidió también la dimisión del premier.
El líder de la oposición acusó también ayer al gobierno de proteger a delincuentes.
“Hemos ingresado en una era en la que los delincuentes son protegidos y los fiscales que van tras los delincuentes se vuelven ineficaces”, dijo Kemal Kilicdaroglu, líder del partido más antiguo de Turquía y el principal de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo.
La investigación policial fue realizada en secreto durante varios meses y tomó estado público recién el 17 de diciembre con la detención de decenas de personas, entre ellos los hijos de los ministros y el director del banco estatal Halkbank.
Erdogan negó irregularidades y calificó el caso de conspiración armada desde el exterior para derribarlo, y su gobierno exoneró a decenas de policías participantes de la investigación y dispuso que todos los comisarios deben informar a sus superiores antes de iniciar una investigación por corrupción.
La polémica medida significaba en la práctica que el Ministerio de Interior debía ser informado de las investigaciones de la Fiscalía, incluso si era parte afectada, como en el presente escándalo de corrupción, en el que pasó a prisión preventiva el hijo del ya ex ministro de Interior.
Junto con el cese y traslado de los mandos policiales, la medida posibilitó el bloqueo de una segunda oleada de detenciones que iba a afectar no sólo a altos cargos de empresas públicas sino potencialmente incluso al hijo de Erdogan.
Ayer, la Alta Corte Administrativa de Turquía anunció que suspenderá el cambio introducido por el gobierno mientras celebra más deliberaciones sobre la cuestión, una semana después de que la principal asociación de abogados del país solicitara a la Corte que cancelara la medida.
El jueves, el Consejo General del Poder Judicial emitió una declaración en la que reclamó independencia judicial y condenó las nuevas regulaciones gubernamentales.
Aunque Erdogan describe las investigaciones de corrupción como una “campaña sucia” y “conspiración internacional” contra su gobierno, esta postura parece ya no ser unánime en el seno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que llegó al poder en 2002, al año de ser fundado tras un cisma en el partido islamista turco.
- 28 diciembre 2013