La audiencia de revisión de la situació n de Oscar “Chito” Alarcón fue solicitada en los términos del artículo 236 del Código Procesal Penal y a efectos de que un nuevo tribunal revise la resolución dictada el día anterior por el tribunal de juicio, el cual integran los jueces Sergio Piñeda y Mirta Moreno y Marcelo Nieto Di Biase. Los dos primeros, en mayoría, fueron quienes hicieron lugar al pedido de la Fiscalía respecto a la prisión preventiva.
En la audiencia de ayer también estuvieron los querellantes Martín Castro y Rodrigo Miquelarena, por la Fiscalía de Estado, Luis Vivanco Saiegh de la Oficina Anticorrupción y Sergio Miranda en representación de los diputados del Frente Para la Victoria, denunciantes del ilícito por el que fue condenado Alarcón.
En el inicio del acto, el abogado Fabián Gabalachis ilustró al tribunal revisor sobre lo ocurrido en la audiencia del jueves, refiriéndose a lo pedido por los fiscales y querellantes en cuanto a la solicitud de prisión preventiva para su asistido.
Gabalachis se basó en la a postura del juez Nieto Di Biase en el sentido de que no existe peligro de fuga y que el solo hecho de ser condenado no es suficiente para resolver su prisión preventiva. También se refirió a que se trata de delitos que prevén penas menores que son factibles de cumplirse de manera condicional.
El abogado pidió que en caso de rechazarse la prisión, de manera subsidiaria se dictara una medida sustitutiva de la prisión preventiva, como lo es la permanencia continua en el domicilio o la colocación de una pulsera electrónica. En el caso de dictarse el arresto domiciliario, la defensa ofreció el de Playa Unión, donde reside el condenado con su pareja y está “lejos de la frontera con Chile”, destacó en referencia a que ese había sido uno de los argumentos para dejarlo detenido: la posibilidad de que se fugara a ese país limítrofe.
Mientras tanto, el fiscal general Omar Rodríguez reiteró los conceptos vertidos en la audiencia del jueves. Destacó que se trata de un hecho de corrupción cuya gravedad está expresamente manifestada en la Constitución Nacional y pactos internacionales.
Señaló también que reunida una condena ya existente en la ciudad de Esquel (delito de estafa por cobrar dobles sueldos del Estado), con el veredicto de culpabilidad por las propiedades compradas en Rawson, ameritan la posibilidad concreta de una pena de efectivo cumplimiento. Por esa razón, pidió que se confirmara en todos sus términos la resolución del tribunal de enjuiciamiento.
Sin mayores argumentaciones los querellantes acompañaron la postura del fiscal general Rodríguez y tras un cuarto intermedio de quince minutos, los jueces Marcelo Orlando y Daniel Yanguela dieron a conocer la resolución mediante la cual se revocó la prisión preventiva.
El último jueves Alarcón fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito y el jueves próximo se llevará a cabo el juicio de cesura, en donde las partes debatirán sobre el monto de la pena que deberá cumplir.