El fallo de Robert fue por el amparo de una docente que quedó fuera del Concurso pese a que reclamó haber cumplido los requisitos. Es una profesora de Educación Especial con orientación en ciegos y disminuidos visuales que pidió en Tribunales la nulidad de la decisión de Educación, que canceló su inscripción al Concurso. Solicitó que se le permitiera participar en el mismo. Hasta resolver su situación, la amparista pidió suspender la toma de posesión.
Según el reclamo, el 31 de marzo la docente se inscribió en el Concurso a través del Legajo Único Virtual, cargando la información y adjuntando la documentación. Pero se equivocó de pestaña en el sistema.
La Junta de Clasificación Regional canceló su inscripción pero la docente insistió, esta vez en la pestaña correcta. Acreditó ser docente con horas cátedra en la Escuela N° 119 “Nicolás Avellaneda” de Comodoro Rivadavia, interina. Agregó el resto de la documentación exigida.
De nuevo no figuró en el listado provisorio. Desde Junta le informaron que su inscripción había sido cancelada “desde Rawson”.
Reclamó adjuntando en papel la documentación presentada en formato digital y solicitando rectificar la cancelación alegando haber cumplido los requisitos. La respuesta formal fue “que la inscripción no reúne los requisitos previstos en la Resolución ME N° 165/23 Anexo I”. Envió por mail un recurso de reconsideración que no le respondieron.
Para la docente la decisión es arbitraria ya que la eliminaron del listado con el solo argumento de que “no reúne los requisitos previstos”, sin especificar cuál, y no respondieron su recurso. Consideró que la conducta del Ministerio “afecta su derecho a la carrera docente”. Corrida vista al Ministerio, no contestó.
La jueza coincidió con la docente en que no le aclararon qué requisito le faltaba y no le dieron chance de corregir. “No se advierte a primera vista cuál sería la exigencia incumplida por la amparista, pero ante los numerosos requisitos exigidos por la normativa, tampoco la demandada brindó precisiones”, dice el fallo. Según la camarista Robert, “el acto administrativo aparece como carente de motivación legal suficiente”.
El problema es que la toma de posesión ya está resuelta para más de 800 docentes y el Ministerio no fue notificado a tiempo de la sentencia.
Fuente: Jornada