Una jueza de Familia convocó al Gobierno y ATECh a una audiencia por el paro docente

La jueza María Marta Nieto declaró la admisibilidad de un amparo presentado por un grupo de padres por la falta de clases. Convocó para el lunes a funcionarios provinciales y a representantes del gremio docente con la finalidad de buscar soluciones conjuntas.

Un grupo de padres de estudiantes de diversas escuelas primarias y secundarias de Comodoro Rivadavia presentó el miércoles una acción de amparo contra el Gobierno provincial y el Ministerio de Educación pidiendo que la Justicia intervenga para que sus hijos puedan volver a clases. Lo que se reclama, además del regreso a las aulas, es “un nuevo plan de estudios para recuperar los meses perdidos”.

A través del amparo, los padres plantean que el Estado debe cumplir con su obligación de dar inicio regular de las clases en cada uno de sus niveles -inicial, primario y secundario- debiendo garantizar los 180 días lectivos efectivos y obligatorios.

El recurso judicial se presentó el miércoles al mediodía en el Juzgado de Familia N°1, a cargo de la jueza María Marta Nieto, quien ayer resolvió citar a la Asesoría de Familia, Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia, al gobernador Mariano Arcioni, a la ministra de Educación, Graciela Cigudosa, a la Secretaría de Trabajo y al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, a una audiencia conciliatoria para el lunes 28 de mayo a las 14.

La jueza Nieto procedió a analizar los presupuestos que hacen a la admisibilidad del recurso y llegó a la conclusión de que los argumentos están apropiadamente presentados. Tal como se encontraba planteada la cuestión, la magistrada analizó si era procedente el amparo interpuesto, analizando la presencia de los requisitos de: a) existencia del acto lesivo; b) temporalidad de la presentación; c) ilegalidad manifiesta; d) inexistencia de medio idóneo.

El artículo 54 de la Constitución Provincial dispone que siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos o garantías reconocidas por la Constitución Nacional o por ella, y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la forma sumarísima que determine la ley.

Asimismo se dispone que podrá interponerse esta acción “contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a estos fines”.

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