Los docentes y nodocentes universitarios realizarán paros este viernes 18 y martes 22 de septiembre, en el marco de una nueva escalada de reclamos que tendrá su punto central el 15 de octubre, con una nueva Marcha Federal Universitaria.
Las medidas fueron confirmadas por las distintas organizaciones gremiales, entre ellas la CONADU Histórica, confederación que integra la Federación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
La nueva Marcha Federal Universitaria será la quinta movilización de este tipo durante el gobierno de Javier Milei y se desarrollará en medio del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y los reclamos salariales.
La convocatoria fue anunciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que planteó que la movilización responde a la falta de respuestas en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el debate parlamentario del Presupuesto 2027.
SIN ACUERDO
"Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional", señalaron desde el CIN al comunicar la nueva jornada de protesta, que volverá a reunir a distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), su presidente Joaquín Carvalho sostuvo que marcharán "por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, por becas que permitan estudiar, salarios dignos y el presupuesto necesario para que nuestras universidades puedan funcionar y seguir garantizando educación pública de calidad".
En ese marco, Carvalho cuestionó las partidas destinadas a las universidades incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado esta semana por el Gobierno al Congreso. El dirigente estudiantil calificó como "absurdos" los fondos contemplados para las casas de altos estudios.
El Poder Ejecutivo prevé para las universidades un presupuesto de $7,3 billones para 2027. Frente a esa cifra, los rectores advirtieron que los recursos no alcanzarían para garantizar el funcionamiento de las instituciones y estimaron que serían necesarios unos $11 billones, incluyendo "la ejecución" de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno, en tanto, sostiene que el cálculo del CIN es "injustificado" y defiende las partidas previstas.