El fiscal de la unidad anticorrupción, Omar Rodríguez, planteó que los directores de escuelas fueron "utilizados" como engranajes del mecanismo de contratación de empresas que bajaba de la exministra de Educación, Graciela Cigudosa, en la primera audiencia del juicio, que tuvo lugar este lunes a la tarde. La exfuncionaria es actualmente diputada provincial, cargo al que accedió en diciembre de 2019. Por tal razón cuenta con fueros hasta fin de año.
Rodríguez detalló que ellos (los directivos) “no contrataron a nadie, fueron utilizados, junto con los delegados, para hacerlos aparecer en el circuito administrativo. Hoy se ha demostrado que el destino de las partidas era para los directores que contrataban, en teoría, pero en este caso usaron a los directores para entregar un cheque, ese fue el único rol del director".
Al referirse a esta operatoria, el fiscal apuntó que "venía el empresario al otro día que le llegaba el cheque y los directores no sabían de qué se trataba la plata, y ya estaban buscando el cheque. Es decir, la partida que se usó es parte de la maniobra, del ocultamiento de lo que había detrás, la verdadera contratación que no la hicieron los directores ni directoras. Ellos tuvieron que entregar los cheques ordenados por las autoridades”.
Asimismo, comparecieron como testigos el denunciante, el ex diputado radical Eduardo Conde; Mario Romeo, quien era fiscal anticorrupción adjunto; y el contador Mario Owen a cargo de la Contaduría General de la Provincia.
Conde firmó que se contaba con “información informal que se venía recibiendo”, hasta que en una sesión el entonces diputado provincial Alfredo Di Filippo hizo mención a la existencia de “coimas”. Fue en una sesión especial del 27 de marzo del 2019. Otra vez Cigudosa había faltado a la cita y las declaraciones de Di Filippo lo llevaron a realizar las denuncias.
Por su parte, Romeo mencionó las acciones desplegadas por ese organismo tras las primeras informaciones sobre presuntas situaciones ilegales en las contrataciones.
Owen, en tanto, explicó que los directores de escuela están autorizados a realizar contrataciones directas (hasta el monto de 12 módulos), sin necesidad de presentar varios presupuestos para compulsa de precios.
Los ilícitos que se investigaron son por sobreprecios y direccionamiento de contratos con particulares para la refacción de 24 escuelas y el perjuicio fue estimado en un millón y medio de pesos en contra del Estado Provincial.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública representada por su titular, el fiscal general Omar Rodríguez, acusó a los tres imputados de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública. En el caso de Graciela Cigudosa por 22 hechos y dos tentados, Raul Care, por 22 hechos y Ariel Hueichan 18 hechos.
Al momento de presentar la acusación, adelantó las penas que pedirá en el juicio: para Cigudosa y Raúl Care 3 años y seis meses, y para Ariel Hueichan 2 años de prisión.
Del listado original de imputados, algunos contratistas fueron sobreseídos y otros se acogieron a la “probation”.