El Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 59/2026, una modificación en el esquema de derechos de exportación aplicable al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, una decisión que se espera tenga un impacto positivo y directo en la producción hidrocarburífera de Santa Cruz, particularmente en las áreas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge.
En la norma publicada este jueves, se establece un nuevo esquema de retenciones móviles que reduce o elimina el derecho de exportación cuando el precio internacional del crudo se ubica en valores medios o bajos, permitiendo aliviar la carga fiscal sobre la producción convencional, fijando un valor base de USD 65 por barril, por debajo del cual la alícuota es del 0%, y un valor de referencia de USD 80, a partir del cual se aplica una retención del 8%, con una escala progresiva entre ambos valores.
En tal sentido, el gobernador de Santa Cruz valoró la medida como clave para sostener la actividad petrolera convencional que enfrenta un escenario complejo debido al agotamiento natural de los yacimientos, el aumento de los costos operativos y la pérdida de competitividad frente a otros desarrollos no convencionales. Se espera que la medida nacional beneficie a los yacimientos maduros de la provincia y fortalezca la competitividad del sector hidrocarburífero.
En ese sentido, Vidal había destacado que la reducción de retenciones era “una herramienta fundamental para defender la producción, el trabajo y la inversión en las provincias petroleras”, remarcando que sin este tipo de decisiones “la actividad convencional corre el riesgo de caer abruptamente, con consecuencias directas sobre el empleo y las economías regionales”.
Por su parte, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, señaló que la medida “le devuelve previsibilidad al sector y mejora la ecuación económica de los yacimientos maduros, permitiendo sostener equipos activos, reactivar pozos y promover nuevas inversiones en áreas donde la producción venía en declino”.
Santa Cruz concentra una parte significativa de la producción convencional del país, por lo que se consideró que esta decisión se presenta como un instrumento estratégico para evitar una mayor caída en los niveles de extracción, fortalecer la actividad en áreas maduras y garantizar el abastecimiento energético, al tiempo que se protege el entramado laboral y productivo de la provincia.