Aceptan la "probation" para cuatro de los cinco imputados en la causa del IPV

Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, los extrabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda imputados en la causa por el otorgamiento irregular de viviendas sociales en Comodoro Rivadavia, fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba. La jueza Daniela Arcuri aceptó ayer la medida a cambio de una reparación económica y la realización de trabajos comunitarios.

Durante la mañana de ayer se conoció la resolución de la jueza Daniela Arcuri sobre el pedido de suspensión de juicio a prueba para Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori. Se trata de cuatro de los cinco imputados en la causa penal por los presuntos delitos de corrupción, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes en la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Mientras, en el caso del entonces delegado del organismo, Abel Reyna, en su calidad de exfuncionario, se pospuso el trámite hasta el viernes 15 de febrero, a las 10, cuando se propondrá un juicio abreviado.

Presidió la audiencia de ayer la jueza Arcuri. Por el Ministerio Público Fiscal estuvo presente la fiscal general Camila Banfi. Por la querella asistió María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV. La defensa de Leonori estuvo a cargo del abogado particular Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció el abogado particular Francisco Miguel Romero; en tanto que Antimilla y Medina Consoli fueron representadas por Esteban Mantecón, defensor público.

El lunes se había realizado la audiencia donde los defensores de los cuatro imputados mencionados en primer término propusieron la aplicación de suspensión de juicio a prueba. Así ayer la jueza autorizó la medida para Acosta, Antimilla, Medina Consoli y Leonori, todos extrabajadores del IPV, considerando la reparación ofrecida por estos como “adecuada y razonable”. También consideró el trabajo comunitario en beneficio de una entidad pública para reparar el daño causado. También deberán cumplir por el término estimado la regla general de conducta de presentarse periódicamente ante el Cuerpo de Delegados de Control y no verse involucrados en nuevos delitos.

La jueza consideró asimismo en su resolución la admisibilidad y la procedencia de las suspensiones solicitadas. La suspensión de juicio a prueba o “probation” fue solicitada antes de la apertura del debate y fue peticionado por los imputados, ofreciendo una reparación económica, en la medida de sus posibilidades, como el abandono de los bienes decomisados. Otro de los requisitos para poder hacer lugar a las suspensiones es que la pena sea inferior a tres años y que el sujeto activo no sea funcionario público. También se debe dar el consentimiento del fiscal, que en el caso se da, como también el de la querella.

Arcuri argumentó que la reparación ofrecida por todos los imputados estaba dentro de sus posibilidades y que se ha abandonado los bienes decomisables por el procedimiento administrativo de recupero de las viviendas iniciado por el IPV. Todos los delitos imputados son de acción pública y procede la suspensión ya que ninguno de los cuatro imputados era funcionario público, como tampoco ninguno poseía antecedentes penales computables.

LA ACUSACION

La investigación preparatoria, según el argumento de la Fiscalía, ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, indica la imputación del Ministerio Público Fiscal.

La imputación añade que Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que sí los tenían.

Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, del listado de preadjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada, indica la parte acusadora.

DINERO Y FAVORES SEXUALES

De la investigación surge también, según la Fiscalía, la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas.

Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias.

Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. La Fiscalía calificó este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014 -plantea la Fiscalía-, Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo con discapacidad.

Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada aceptó reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hizo entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Se califica jurídicamente la situación de Reyna como autor de cohecho.

La investigación preparatoria, añade el argumento del Ministerio Público Fiscal, ha permitido acreditar que Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

La acusación además señala qe con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, excónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPV en el barrio Ciudadela.

Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quién realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados.

Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto.

En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su excónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

“La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley”, concluye la imputación.

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