Amplían la investigación por administración fraudulenta en la Municipalidad de Sarmiento

El comerciante Pablo Diez será investigado como partícipe necesario. Se investiga una presunta maniobra de defraudación contra el municipio por la compra de palmas de alumbrado público realizada entre junio y agosto de 2015. Entre los procesados se encuentra el exintendente sarmientino Sebastián Balochi.

Por pedido de la Fiscalía, el juez Jorge Novarino formalizó la investigación preparatoria de juicio contra el comerciante Pablo Diez (62), quien será investigado como partícipe necesario en la maniobra de defraudación que tuvo como víctima a la Municipalidad de Sarmiento.

En esta misma causa, están imputados como coautores funcionales el exintendente Sebastián Balochi y los exfuncionarios municipales Rubén Camarda, y Daniel Miguens. En tanto la exfuncionaria política Graciela Núñez y la empleada municipal Estela Rúa resultaron procesadas como participes necesarias. La denuncia fue realizada por la actual administración municipal a raíz de la compra de palmas de alumbrado público. Dicha operación comercial se realizó entre junio y agosto de 2015.

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento, se desarrolló ayer la audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Castagno y por la funcionaria Marisol Sandoval. También asistieron los abogados de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano, como asesores legales de los imputados Balochi, Camarda y Núñez. Rúa es representada por la abogada Karina Aizpitiarte y Diez propuso al abogado Guillermo Iglesias para que lo asesore.

Castagno relató los casos registrados en la pieza de formalización de la investigación. Luego identificó a los imputados y a la parte damnificada. También explicó la calificación legal escogida y requirió mantener el plazo de investigación otorgado en la primera audiencia de esta causa.

Sobre la calificación legal, la parte acusadora propuso que se investigue al comerciante como partícipe necesario en la maniobra de defraudación. Asimismo solicitó que se le imponga la obligación de presentarse en las oficinas del área de criminalística a los efectos de realizar su completa identificación.

Iglesias, en tanto señalo que no hay resistencia a la apertura de investigación. A ello agregó que su asistido no forma parte de la estructura municipal, con lo cual no podría imputársele el delito de defraudación.

Con respecto a las palmas de alumbrado público, afirmó que las mismas están homologadas por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). A la vez, adelantó que en otra etapa del proceso solicitarán una audiencia con la finalidad de que su asistido pueda deponer.

El juez Novarino hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, teniendo por formalizada la investigación preparatoria de juicio respecto de Diez por el delito preliminarmente calificado como administración fraudulenta agravada por haber sido cometido contra la administración pública, en carácter de partícipe necesario.

En este contexto, indicó que se mantiene el plazo de la investigación preparatoria fijado en la primera audiencia de este caso.

EL CASO QUE

SE INVESTIGA

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, entre junio y agosto del 2015, a través de la resolución N° 528/15, el intendente Sebastián Balochi, junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Rubén Alberto Camarda y el secretario de Hacienda, Daniel Miguens decidieron adquirir mediante concurso privado de precios, un total de 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos.

Estos postes debían ser destinados a la iluminación de la Avenida 2 de abril. Asimismo, los investigadores aseguran que estas columnas eran diferentes a las que utiliza la prestadora de servicio de alumbrado público.

En este sentido, afirmaron que las palmas adquiridas por el Gobierno municipal del periodo 2011-2015 no resultan útiles para la zona, por su escasa resistencia a los fuertes vientos. También fueron consideradas de baja calidad por el grosor del material y la baja estatura de las mismas.

A la vez, la fiscalía asegura que la compra se realizó por un monto significativamente superior al valor de plaza, provocando un claro perjuicio económico a la administración pública municipal.

En este contexto, la representante del Ministerio Público Fiscal detalló que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Caño Sur S.A.”, en tres etapas durante el año 2015. La primera consistió en la compra de 23 palmas de alumbrado público, por el monto 473.110 pesos. Esta operación fue abonada el 21 de julio de ese años mediante concurso privado de precios.

La segunda adquisición consistió en la compra de cuatro palmas por el valor 82.280 y fue remunerada el 31 de agosto. A todo ello, la Fiscalía mencionó que la última compra de seis palmas de alumbrado público fue realizada el 17 de junio de ese año y que la Municipalidad pagó 123.420 pesos.

La pieza de apertura de la investigación, asegura que estas dos últimas adquisiciones se efectuaron a través de la modalidad de compra directa.

Con respecto al procedimiento de compra, la Fiscalía afirmó que el mismo resultó violatorio de las normativas existentes en la materia, por cuanto el Concejo Deliberante no efectuó la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, a través de la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.

El artículo 4 de esa normativa determina: “Corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo establecerá las modalidades de Contratación y aprobará en su caso el pliego de Bases y Condiciones dentro de lo establecido en la Ley XVI N° 46”.

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