Causa Revelación: Fiscalía pidió seis meses de prisión para la mayoría de políticos y empresarios detenidos

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción solicitaron la continuidad de la prisión preventiva de los detenidos mientras avanza la investigación de una presunta "asociación ilícita" conformada con la finalidad de garantizar "retornos" de la obra pública a exfuncionarios provinciales. Pablo Oca fue el único imputado que declaró. Aunque no aceptó responder las preguntas de la Fiscalía, proclamó su inocencia.

Al cierre de esta edición, con la exposición de los abogados defensores y su rechazo a la prisión preventiva de sus representados, continuaba en las dependencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, la audiencia de control de los exfuncionarios chubutenses y empresarios que fueron detenidos el martes en el marco de la denominada causa “Revelación”, un caso conexo a la causa “El Embrujo”.

En el inicio de la extensa audiencia, los fiscales de la Unidad Anticorrupción solicitaron la continuidad de la prisión preventiva de los detenidos mientras sigue la investigación de una presunta “asociación ilícita” que se habría conformado con la finalidad garantizar “retornos” de la obra pública para beneficiar a exfuncionarios provinciales.

“La pena que esperamos será de cumplimiento efectivo”, anticipó el fiscal Daniel Báez y calificó el caso como “peor que la Megacausa”.

“No es algo menor que hayan sido funcionarios públicos. Tenían poder y lo usaron para conformar una banda”, sostuvo Báez. Y agregó: “no es algo menor que hayan sido funcionarios públicos. Tenían poder y lo usaron para idear los actos delictivos, prepararlos, consumarlos y ejecutarlos. No es casual que haya acá sentados empresarios de la construcción porque es a través de la obra pública donde pasa la mayor cantidad de dinero por el Estado”

“Lo que todo el mundo hablaba y nadie podía comprobar: las coimas en la obra pública. Se ganaba porque había dinero de por medio”, concluyó Báez.

Los fiscales pidieron el plazo máximo de prisión preventiva, que es de seis meses, para los exfuncionarios Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Diego Correa, Diego Lüthers e igual plazo de prisión para los empresarios Patricio Mussante, Andrés Ninin, Federico Piccione y Esteban Torraca, así como tres meses para los también empresarios Juan Salaberry, Oscar Peña y Daniel Ruso.

OCA FUE EL UNICO QUE DECLARO

El exministro de Economía de Chubut, Pablo Oca, fue el único de los imputados por asociación ilícita que declaró ante el juez Sergio Piñeda. «Niego todas las imputaciones», sostuvo el contador, quien a pesar de hacer uso de la palabra decidió no responder preguntas de la Fiscalía.

Patrocinado por el abogado Fabián Gabalachis, el exfuncionario provincial decidió declarar en la audiencia desarrollada en Tribunales ayer a la mañana. «Los pagos de la obra pública, sin temor a equivocarme, cerca del 60% se paga a través del IPV, en la cual el ministro de Economía no tiene ninguna injerencia. El resto, el 40%, se paga a través de la Tesorería de la Provincia», dijo quien manejó las cuentas de la Provincia hasta el pasado 26 de febrero, cuando fue reemplazado por Alejandro Garzonio.

Además, el exministro realizó una descripción del circuito que se seguía para transparentar los procesos. «Para que llegue a la Tesorería un pago, para que eventualmente la tesorera de la provincia verifique, tiene que haber antes de eso una enumeración de secuencias para que la orden de pago llegue efectivamente».

«A la Tesorería lo único que llega es la orden de pago. Todos los pedidos de pago se canalizaban a través del Ministerio de Infraestructura», dijo Oca y agregó que «mi única función consistía en ver la disponibilidad de la caja porque las obras se pagaban con distintas fuentes de financiamiento».

LA REPLICA DEL FISCAL

Poco más tarde, el fiscal Marcos Nápoli detalló una escucha telefónica entre Oca y el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa, donde le explica cómo era el mecanismo para que cobraran las empresas. Y agregó que «aparece Oca cobrando 200 mil pesos en esa plantilla y tenemos como indicio de cargo contra él distintos testimonios”, sostuvo Nápoli, citando el testimonio del actual subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío.

A su vez, Nápoli también relató que en otra conversación (del actual titular del ISSyS, Miguel Arnaudo, con el contador Federico Gatica) se dice explícitamente: «Oca tiene la botonera de los pagos».

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción agregaron en la audiencia que “del mismo modo, tanto (Víctor) Cisterna, (Gonzalo) Carpintero, Correa y Oca, decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan criminal. En ese sentido acordaron que sería el primero, Cisterna, quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda de los retornos, y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias espurias). Cumplida esta labor inicial, comenzaba la gestión de Oca.

El exministro de Economía, luego de verificar que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería a quiénes pagar y a quiénes no.

Por su parte, Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador Mario Das Neves y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal; gestión que incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba: Chubut Somos Todos”.

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