La Justicia de Sarmiento formalizó la investigación contra Celeste Fernanda Soto Assin, de 35 años, acusada de cometer una serie de estafas en perjuicio de los abuelos de su pareja mediante la obtención fraudulenta de préstamos bancarios.
La audiencia se desarrolló este jueves en la sala de audiencias N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. La Fiscalía estuvo representada por la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi, mientras que la imputada contó con la asistencia de la abogada particular Claudia Isabel Jones.
De acuerdo con la acusación, Soto habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con las víctimas para acceder a sus datos personales y biométricos. Con esa información, creó servicios de home banking del Banco Nación desde su teléfono celular y gestionó préstamos a nombre de los damnificados sin su consentimiento.
Según detalló la Fiscalía, el primer hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025, cuando la imputada habría solicitado un crédito a nombre de la abuela de su pareja. Posteriormente, en noviembre del año pasado, la mujer realizó dos transferencias hacia su billetera virtual: una por 1.000.000 de pesos y otra por 1.462.500 pesos, totalizando 2.462.500 pesos.
La investigación también sostiene que utilizó parte del dinero obtenido para el pago de servicios de telefonía y la realización de diversas compras.
Como consecuencia de la maniobra, la entidad bancaria informó a la damnificada que debía afrontar el pago de 48 cuotas correspondientes al préstamo otorgado en su nombre.
El segundo caso tuvo como víctima al abuelo de su pareja. Bajo una modalidad similar, la acusada habría gestionado un crédito por 640.000 pesos y transferido de inmediato esos fondos a su propia billetera virtual, ocasionando un perjuicio económico al denunciante.
Asimismo, los investigadores indicaron que una tercera víctima indirecta fue la hija de una de las denunciantes, una persona con discapacidad representada legalmente por su madre. Según la acusación, el dinero afectado por la estafa estaba destinado a una cirugía de piernas que debía realizarse la joven, por lo que la maniobra impidió disponer de esos ahorros.
Para la Fiscalía, Soto manipuló informáticamente los sistemas del Banco Nación, simulando que las operaciones eran realizadas por los titulares de las cuentas cuando, en realidad, era ella quien efectuaba las gestiones y movimientos de dinero.
Durante la audiencia, la defensa no presentó objeciones a la formalización de la investigación y propuso analizar una salida alternativa al conflicto. En ese sentido, señaló que su asistida estaría en condiciones de realizar una reparación económica integral a favor de los damnificados mediante un único pago.
Finalmente, el juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de la Fiscalía, formalizó la investigación preparatoria de juicio en relación con los hechos y la calificación legal propuesta, y fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya la etapa investigativa.