Caleta Olivia (agencia)
La desvencijada estructura de material de dos plantas está situada en un predio de la calle Ceferino Namuncurá 552, a unas diez cuadras del centro y en el mismo predio funcionan dependencias de la Supervisión de Tránsito.
Allí funcionó la Proveeduría de YPF y a mediados de la década del noventa, cuando se produjo la privatización de empresas estatales, el lote y todas las instalaciones quedaron abandonadas.
Años más tarde, se formalizó su transferencia a la Municipalidad pero, antes que la comuna le diera un destino, la estructura central comenzó a ser ocupada por familias que llegaban de otras provincias en búsqueda de un mejor porvenir y no contaban con recursos para afrontar un alquiler.
Los primeros ocupantes se fueron cuando mejoró su situación económica, pero sucesivamente arribaron otros sin que las gestiones comunales de Fernando Cotillo, la de José Córdoba y la actual de Facundo Prades pudieran resolver esa problemática social y recuperar del principal edificio.
ALERTA POR UNA MUDANZA
El detonante del desalojo que no estaba programado se produjo cuando poco antes del mediodía de ayer personal de tránsito observó que había llegado un camión de mudanzas y se estaban bajando muebles.
Esto indicaba que otras personas llegaban para ocupar el edificio que en su planta alta tiene al menos tres divisiones que se utilizan como habitaciones, en tanto que en la baja las separaciones de improvisados dormitorios se hacen con grandes láminas de nylon de color negro.
Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades de la Comisaría Seccional Primera y el propio jefe de la dependencia, comisario Emiliano Sgarzini, encabezó la comisión de sus subordinados, a los que más tarde se sumó el personal del Comando Radioeléctrico.
El jefe policial impuso a quienes se encontraban en ese lugar (estimativamente tres mujeres y cinco hombres jóvenes y unos cuatro chicos de corta edad) que estaban incurriendo en el delito de usurpación.
Además les dijo que entendía su situación social y por ello más tarde se ocupó de convocar a la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Andrea Páez, quien efectivamente se hizo presente alrededor de las 13:30 junto con una colaboradora.
NIEGAN SER USURPADORES
Los adultos dijeron a El Patagónico que no se consideraban usurpadores porque ese edificio estuvo mucho tiempo abandonado e incluso uno de los jefes de familia mostró el documento de identidad en el cual figuraba que su domicilio legal era precisamente ese lugar.
También argumentaron que solo pensaban permanecer en el sitio hasta tanto pudieran acceder a un terreno fiscal y construir su propia vivienda, teniendo en cuenta que casi todos los jefes de familia son albañiles.
Por otro lado trascendió que los nuevos moradores que arribaron ayer y no pudieron instalarse debido a la llegada de policías, habían alquilado un espacio a la gente que ya estaba ocupando el antiguo edificio.
Lo concreto es que al promediar la tarde de ayer se esperaba que la ex Proveeduría quedara desalojada y que las familias recibieran una ayuda económica del municipio para costearse un alquiler durante de meses, aunque hasta el cierre de esta edición no había confirmación oficial de ello.