Detuvieron al contador Gatica

En el estudio ubicado sobre calle España y Urquiza de Trelew, ayer a la tarde fue detenido el contador Federico Gatica en el marco de la investigación por presunta defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las repercusiones por la causa por sobreprecios que puso en jaque a funcionarios provinciales y colaboradores desde el 7 de marzo tuvo ayer un nuevo capítulo. Fue cuando a las 15 la Policía detuvo al contador público Federico Gatica tras un espectacular operativo en el estudio contable ubicado sobre calle España y Urquiza de Trelew. Cabe destacar que hace unos días se había efectuado un allanamiento en ese sitio, como también en el domicilio particular del profesional secuestrándose elementos que presuntamente están relacionados con la empresa Mezeta Consulting y los consultorios que se estaban construyendo en la calle Mitre 761 de Rawson, lo que podría derivar también en lavado de activos, en complicidad con las personas ya detenidas.

Gatica había sido obligado a renunciar por el actual gobierno de su cargo como representante del Estado provincial en el directorio de Hidroeléctrica Futaleufú, ya que aparecía sospechado de connivencia con el hoy preso Diego Correa, exsecretario privado del malogrado gobernador Mario Das Neves, en el marco de la causa denominada “Embrujo”.

Gatica se convierte en el séptimo detenido en esta delicada causa, junto con el citado Correa; su pareja, Natalia Mc Leod; Diego Lüther; Daniela Souza y los empresarios Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa.

Gatica volvió recientemente del exterior, ya que habría pasado sus vacaciones en el balneario mexicano de Playa del Carmen. El profesional también renunció recientemente a la presidencia del club Patoruzú, donde había sido reelecto en diciembre tras impugnar a una lista opositora.

LA TRAMA

La Justicia aceleró la causa este año, luego de que en septiembre de 2017 los diputados provinciales del Frente para la Victoria Alejandra Marcilla, Gabriela Dufour y Blas Meza Evans presentaron una denuncia penal en la Fiscalía de Rawson contra dos funcionarios provinciales: Diego Correa, subsecretario de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de la Familia.

Concretamente, los legisladores del FpV los acusaban del delito de administración fraudulenta en la compra de bienes y pago de servicios vinculados a la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Según la denuncia, todo comenzó con la aparición de un sobre dirigido a los tres legisladores que fue dejado en unas escaleras internas de la Legislatura de Chubut. El hecho mereció la intervención de la Policía ante la denuncia de una amenaza de bomba que, finalmente, no era cierta.

Tras las actuaciones de la Policía del Chubut, el sobre de grandes dimensiones fue entregado a sus destinatarios. Adentro había copias de decenas de expedientes que comprobarían irregularidades en la compra de elementos y pago de servicios afectados a la emergencia climática de la ciudad petrolera.

Según consta en la denuncia, el sobre en cuestión consignaba que el mismo era remitido por el Tribunal de Cuentas y contenía numerosas fotocopias de actuaciones administrativas.

El grueso de las fotocopias corresponde a distintos expedientes realizados en el marco del Decreto 353/17 de Declaración de Emergencia.

“Una vez realizado un primer análisis de la documentación, pudimos comprobar que existía la intención de poner en manos de los diputados, a los que iba dirigido el sobre, la prueba de compras irregulares constitutivas del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, escribieron los diputados en la denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal.

“Si bien es cierto que las declaraciones de emergencia posibilitan la realización de contrataciones rápidas y sin los controles propios de los procedimientos habituales de la administración pública, no implica que se pueda hacer cualquier cosa y mucho menos defraudar al estado”, agregaban.

Según los denunciantes, las compras de bienes se realizaron todas en la zona de Trelew, Rawson y Puerto Madryn: “Resulta absurdo y antieconómico que las compras se efectúen a 380 kilómetros del lugar de la catástrofe cuando se trata de bienes que sin duda se podían adquirir en la ciudad sureña afectada por el temporal”, resaltaron los denunciantes.

En la documentación se demostraría la existencia de sobreprecios en la compra de elementos, así como también que la calidad de los comercios donde se efectuaron algunas de las compras carecerían de las condiciones para proveer los bienes comprados. “Existen facturaciones emitidas por comercios inexistentes o con domicilios que no concuerdan con los registros de las facturas”, aseguraron los diputados denunciantes.

La documentación presentada en la Justicia contiene la factura y el remito de agua envasada y la autorización de pago requerida por Suárez y autorizada por Correa. “El caso más escandaloso de sobreprecio es la compra de 1.500 botellas de agua mineral Villavicencio de un litro y medio a $ 38,50 la botella. El proveedor es el kiosko Emanuel de la ciudad de Trelew, quien emitió la factura N° 0002- 0000329 de fecha 4 de abril de 2017 por la suma de $57.750 correspondiente a la compra de estas botellas”, dice la denuncia.

“Contemporáneamente, los mismos funcionarios compran la misma calidad de agua, es decir botellas de agua mineral de un litro y medio marca Villavicencio en el mayorista Don León a $ 18 y en Friosur a $ 19,85”, agregaron.

“No hace falta destacar que resulta altamente sospechoso que un kiosko de pequeñas dimensiones tenga un stock de 1.500 botellas de un litro y medio de agua mineral”, concluían.

La denuncia es más extensa e incluye también compras presuntamente irregulares de colchones, además de una curiosidad: fardos de pasto para las familias afectadas por el temporal.

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