Dictan nuevamente una conciliación obligatoria en el conflicto estatal

El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó una nueva conciliación obligatoria a los gremios docentes ATECh, UDA y AMET, en el marco de un nuevo rechazo a las propuestas presentadas en la última reunión. Los intiman a que retornen a trabajar a las escuelas por el plazo de los 15 días hábiles que dura la medida, conforme a lo que establece la ley.

En esta línea, el secretario de Trabajo, Andrés Meiszner, explicó que “esta es la tercera conciliación obligatoria que dictamos, producto de un nuevo rechazo de los gremios docentes a la propuesta presentada por el Gobierno, y la primera audiencia del proceso se fijó para el próximo jueves 17 a las 9:00 horas”.

“Como principio buscamos no perder el diálogo, pero desde el punto de vista administrativo desde la Secretaría de Trabajo tenemos que buscar que los docentes vuelvan a las aulas, y si no se le da cumplimiento debemos hacer la presentación al Ministerio de Trabajo de Nación, para el inicio del sumario correspondiente”, agregó Meiszner.

Además, el secretario de Trabajo manifestó que “no entendemos la negativa permanente de cambiar una respuesta y propuestas de temas que no se habían tratado. Los gremios ya fueron notificados el día de ayer y hoy deberían haber levantado la medida de fuerza”.

LOS GREMIOS

En tanto, el gobernador Mariano Arcioni y parte de su gabinete fueron los principales apuntados en la conferencia que brindaron ayer miembros de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), luego del pedido hecho el jueves a los docentes para que no perjudiquen más a los estudiantes y regresen a las aulas.

La respuesta del gremio que conduce Santiago Goodman fue anunciar otro paro de seis días para la próxima semana, con lo que se llegará a 65 días ininterrumpidos de inactivad en la mayoría de las aulas de la provincia, pese a que ayer cobraron sus haberes de septiembre los que cobran hasta 65 mil pesos. El viernes 4 lo habían hecho los que ganan hasta 40 mil.

Los gremios estatales sostuvieron que el Gobierno provincial “falta a la verdad” porque “nunca se realizó una contrapropuesta” y que se “seguirá luchando por lo que se ha firmado en paritarias”.

“El Gobierno busca confundir a la sociedad planteando como si esto fuera una paritaria” y “lo que queremos ratificar, sobre todo por las expresiones del gobernador, es que no hay una nueva instancia de paritaria. Lo que queremos es que el Gobierno busque alternativas de cumplimiento, no opciones”, sostuvo el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, del ala más dura del sindicalismo y para quien es más importante “enseñar a luchar” que “cualquier raíz cuadrada”.

“NO HAY GARANTIAS”

“Nosotros vamos a ratificar cada una de nuestras demandas porque el Estado es responsable de cumplir con esas demandas de poder garantizar que las mismas puedan ejecutarse no solamente desde el acta paritaria. No hay garantías para que podamos enseñar, para que nuestros estudiantes puedan aprender. La práctica que ha utilizado el Gobierno; la situación a la cual nos ha llevado, es responsabilidad de quien se compromete a realizar una acción para los trabajadores”, consideró.

“Es el Estado el que debe garantizar el aporte para que la obra social funcione y es el mismo Estado el que debe garantizar las escuelas dignas y seguras. Y es el Estado el que no lo está garantizando. Los trabajadores estatales estamos exigiendo lo que es justo y nuestro derecho y es el principal punto que el Estado ha estado incumpliendo”, agregó.

En este sentido, Goodman consideró que los funcionarios provinciales “faltan a la verdad. El Gobierno hace extremo silencio y levantamos ese silencio con acciones en toda la provincia. Obviamente cuando estamos en una mesa de negociación ratificamos cada uno de esos puntos. Obviamente que todos los que estamos acá queremos resolver este conflicto. Ahora el Gobierno pareciera que busca empeorar ese conflicto”.

Con los docentes las diferencias se profundizaron tras el receso invernal, cuando una mayoría decidió no volver a las aulas el 22 de julio, pese a que junio ya lo habían cobrado. Arguyeron entonces la falta de precisiones de futuros cronogramas y la situación de la obra social Seros.

Con los días fueron sumando demandas, como el juicio político del gobernador; la renuncia del ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni; y la construcción de edificios para los institutos de formación docente, por ejemplo.

“El que hace una propuesta en el marco de la crisis política que deriva en una crisis económica es el Gobierno provincial. Nosotros no hemos inventado ninguna contrapropuesta. Vamos a seguir insistiendo al Gobierno que debe cumplir con el acta paritaria con todos sus términos, que debe garantizar que aquello que se inició en un puñado de escuelas se multiplique a todas las escuelas. Que se compren las calderas que se deben reparar”, aseveró Goodman.

“Que cumplan con lo firmado todos los trabajadores de la Educación. Nosotros queremos volver a las escuelas, pero lo que le pedimos al gobernador y a sus funcionarios que dejen de mentir”, criticó.

Lo cierto es que hoy por hoy el ciclo lectivo está irremediablemente perdido y que todo indica que las promociones de grado en los distintos niveles será por decreto del Poder Ejecutivo, tal como ocurrió en Santa Cruz en 1990.

En este tiempo, hubo docentes que no se sumaron a la medida de fuerza y continuaron dictando clases –pese a no pocas presiones-, pero otros optaron por dejar de ir a sus puestos, afectando el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes de distintos niveles. Algunos de estos se sumaron a las clases de apoyo de algunas asociaciones vecinales y otros apelaron a maestros particulares, pero una gran mayoría quedó a la deriva, a partir de la falta de acuerdo entre el Gobierno y el gremio que apeló a diversos métodos de visibilización de un conflicto que ya no genera tanta solidaridad del resto de la comunidad.

Los cortes de ruta y la toma de sitios como la playa de tanques de despacho de combustibles de YPF en Comodoro, por ejemplo, generaron más malestar que apoyo.

ESCUELAS NO

ASEGURADAS

En este contexto, Goodman también describió el escenario que se vive en los establecimientos escolares tomados por estudiantes y en los cuales se debería votar el domingo 27. En Comodoro son dos: las escuelas 731 y 746.

Pese a que quienes las tomaron son estudiantes que no brindan declaraciones públicas, cada vez son más los indicios de que son alentados a llevar a cabo las medidas por los mismos docentes, como quedó expuesto en la frustrada ocupación de la Escuela 1, donde incluso hay una denuncia penal contra una docente de una escuela especial que fue la que se presentó como vocera ante un grupo de padres preocupados por el futuro escolar de sus hijos.

“No sabemos si está la garantía plena de que en las mismas se pueda llevar adelante el proceso electoral. Sabemos que el día anterior (a la elección) se encuentra Gendarmería en la escuela hasta el día que termina la elección y son conscientes de que será una situación compleja que nuestros estudiantes tengan que convivir con Gendarmería; no es algo que nosotros querramos”, dijo ayer Goodman.

El sindicalista aseguró que los docentes han entablado conversaciones con los alumnos que mantienen las escuelas tomadas. “Ellos han realizado asambleas y la definición será de los estudiantes porque la ocupación de los edificios son de ellos, no de los profesores o padres, sino de los estudiantes”.

Esta afirmación da a entender también que no habrá ningún acuerdo con el gobierno antes de la elección, dentro de 15 días, con lo cual se refuerza la creencia de que el año escolar está irremediablemente perdido.

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