El Concejo no aprobó subir multas al transporte informal

Por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó este jueves una serie de modificaciones a las ordenanzas que regulan el servicio de taxis y la habilitación de remises, que habían sido impulsadas por ese sector laboral tras movilizarse y participar –sus representantes- de varios plenarios.

Si bien el cambio en la normativa implica alivio económico a la hora de renovar los vehículos, no hubo acuerdo para endurecer las multas al transporte no habilitado, como sostuvieron inmediatamente sus referentes.

Las modificaciones sancionadas sí flexibilizan algunos requisitos que repercutirán económicamente en el rubro, como la antigüedad prevista en el vehículo que se incorpora al sistema, y que pasa de 12 a 24 meses en el caso de la habilitación; y de los 5 actuales a 6 años en el caso de las renovaciones.

También se varió la cilindrada de motor aceptada: mientras el mínimo establecido era a partir de los 1300 cm3, ahora será de 1200; y otro cambio es el largo admisible para el automóvil, que estaba fijado en 4 metros y ahora será de 3.88.

Estos dos ejes repercuten directamente en la variedad de modelos que se pueden dedicar a la prestación, y por ende en el valor de compra al que puede acceder un taxista.

Otra modificación de forma fue anular la exigencia de camisa y corbata para los conductores; variando además la especificidad de la licencia de conducir D1 para abarcar a toda la categoría D.

SIN JUNTOS POR EL CAMBIO

Mientras estos cambios se aprobaron de manera unánime, no hubo acuerdo entre los bloques para establecer las escalas de multas aplicables al transporte no habilitado, y el tema seguirá siendo evaluado en comisiones.

El tema fue foco de polémica durante la hora de preferencias, donde el presidente de la bancada oficialista, Marcos Panquilto, reclamó: “trabajamos para modificar los proyectos que pidieron los taxistas; salió con consenso de todos, pero ayer faltaron a la palabra”, en alusión al bloque de Juntos por el Cambio (JxC). “Se ve que el domingo se reunieron, y mamá les dijo que estaba mal”, ironizó.

Panquilto aclaró que “no estábamos haciendo nada raro”, sino que se trataba de establecer un régimen sancionatorio para el transporte no habilitado. “Trabajamos los 12, pero se ve que el domingo hubo rosca de pascua y mamá les dijo que no; y hoy aprobamos un proyecto paliativo dentro del contexto nacional, pero la gente no es tonta”, señaló.

Desde JxC, Ximena González fundamentó la posición contraria de su bloque indicando que mientras el sector de taxistas había solicitado multas de entre 12.500 a 28.000 módulos, la sugerencia del Ejecutivo fue elevarlas a 100.000, “lo que hacía que cualquier Uber tenga multas superiores al millón de pesos”.

Según la joven legisladora, “no quieren embarrarse solos; por eso querían votar en conjunto, pero para este bloque es excesivo porque lo termina pagando la sociedad”.

Panquilto replicó que “no lo paga la sociedad; lo paga la gente que no hace bien las cosas”, en tanto que su compañera de bancada, Maite Luque, explicó que no se trataba de elevar las multas a 100.000 módulos, sino establecerlas en el mismo margen que rige para las faltas graves (entre 40.000 y 100.000 módulos), aunque ante la falta de consensos ese artículo específico de la ordenanza (el 63) no fue tratado, y seguirá siendo evaluado en comisión.

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