El drama de una mujer que ocupó una vivienda del IPV junto a su hijo

La adjudicataria hizo la denuncia y desde Fiscalía reclaman el desalojo. El juez solicitó la intervención de organismos estatales.

El juez Alejandro Rosales formalizó la investigación preparatoria de juicio penal contra Tania Jara (28), acusada como presunta autora del delito de usurpación en Río Senguer. Asimismo, dispuso que se le busque una solución habitacional provisoria, para lo cual ordenó la intervención del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad de Senguer, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Asesoría de Menores de Sarmiento y la Secretaría de Minoridad y Familia de la provincia de Chubut. Les dio siete días para informar sobre la situación.

En la ocasión, el funcionario fiscal Ezequiel Castro Albornoz (foto) informó que los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de este año cuando la mujer dañó una ventana de una casa ubicada en el barrio 25 Viviendas, frente a la plaza José de San Martín. Luego ingresó junto a su hijo de 8 años y aún permanece en ella.

Para la fiscalía, con esta conducta se afectó la posesión de los titulares de la vivienda, quienes acreditan la tenencia del bien que les fue otorgado por el Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). También presentaron las constancias de acuerdo provisorio, certificado de otorgamiento de vivienda y certificado de cancelación de deuda de adjudicatario de vivienda a nombre de los concubinos.

Para la Fiscalía, la imputada “provocó el despojo de la propiedad y todo los bienes del interior de la mismas, mediante el empleo de la fuerza en las cosas, valiéndose de la ausencia provisoria de la pareja que por cuestiones de índole personal se encontraba en esos momentos en la ciudad de Sarmiento”.

EL DESALOJO

Por otra parte, el funcionario reclamó el desalojo a los fines de que la imputada abandone el domicilio usurpado. En este sentido, explicó que la intención es que se intime a la imputada para que en el término de siete días abandone el inmueble.

En otro orden, refirió que en este caso tomó intervención a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos, con la intención de arribar a un acuerdo entre Tania Jara y los denunciantes.

Este objetivo no se logró, a raíz de que la imputada informó que no cuenta con recursos económicos. Tampoco recibió ayuda del gobierno municipal para afrontar la situación.

A su turno el abogado defensor, Gustavo Oyarzún, indicó que no se opondría a los pedidos de la Fiscalía respecto de la formalización de la investigación y el plazo de seis meses requerido para concluir la investigación. En este contexto, describió la situación social de vulnerabilidad que atraviesa su asistida.

Luego de escuchar los planteos de las partes, el juez Rosales resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio, en orden a los hechos expuestos y la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, dispuso dar intervención y compromiso, bajo apercibimiento de ley, a las instituciones estatales encargadas de buscar algún tipo de solución habitacional para la mujer y su hijo.

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