A media mañana de este martes, varios funcionarios del gobierno de Santa Cruz se hicieron presentes en la Fiscalía del Juzgado Federal de Caleta Olivia para presentar una denuncia penal contra un grupo de trabajadores portuarios de Puerto Deseado que a mediados de la semana pasada obstaculizaron el ingreso de un buque portacontenedores y el sábado también impidieron la descarga de un buque pesquero.
El grupo de referentes del Poder Ejecutivo que fue recibido por el fiscal Lucas Colla, estuvo integrado por el Fiscal de Estado, Ramiro Castillo; el ministro de la Producción, Gustavo Martínez; la titular de la Unidad de Ejecutora Portuaria, Selsa Hernández y el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Javier Aravena; a los que se sumó senadora nacional Natalia Gadano.
Los citados funcionarios provinciales actuaron por expresas directivas del gobernador Claudio Vidal, quien arribó poco más tarde y se entrevistó directamente con la jueza federal Marta Yáñez.
En diálogo con El Patagónico, Selsa Hernández dijo que el primer barco traía en sus contenedores una carga de cianuro para empresas mineras y materiales para una industria de Comodoro Rivadavia, pero tuvo que retirarse por el bloqueo del acceso al muelle de la ría que lleva el mismo nombre de la ciudad portuaria.
En el caso del buque pesquero, el mismo pertenece a la empresa Vepez y de acuerdo el informe que hicieron sus directivos, los manifestantes impidieron el ingreso de un camión para retirar el cargamento de merluza.
Precisó que el grupo de trabajadores que protagonizaron la medida de fuerza están nucleados en el sindicato de estibadores y plantean una serie de reclamos laborales, sin reparar en el daño que generan al desarrollo económico de toda la comunidad “y nosotros como gobierno tenemos que velar por ello ya que el puerto es el motor principal de Deseado”.
Hernández también reveló que la empresa naviera encargada de traer el material para las industrias informó que tiene la intención de ordenar al capitán de la nave que retorne a Puerto Deseado pero si sigue el conflicto la situación de va a complicar y además ello perjudicaría otras operaciones, es decir que continuaría la obstrucción a una actividad comercial, por lo cual el gobierno decidió solicitar la intervención de la justicia federal.
Por su parte, el ministro Gustavo Martínez dijo que “en su momento el gobernador me pidió que formara parte del Consejo Federal de Pesca para demandar una mayor cuota de merluza y langostino y además estamos próximos a iniciar la zafra del calamar, lo cual genera mucho trabajo portuario, por lo cual lo sucedido en Puerto Deseado atenta contra la operatividad de las empresas y la comunidad en general”.