Caleta Olivia (agencia)
La Caja de Servicios Sociales, obra social de miles de estatales provinciales y municipales de Santa Cruz, se encuentra intervenida desde hace casi tres décadas y de manera frecuente diferentes gremios reclaman su normalización con representantes de los trabajadores.
Finalmente, hace pocos meses, el Gobierno de Alicia Kirchner anunció la decisión de llevar adelante la normalización del organismo sin dar mayores precisiones en tiempos preelectorales. Sin embargo, recientemente se conoció el anteproyecto que será tratado a mediados de este mes en una de las últimas sesiones ordinarias del año de la Legislatura provincial.
Al conocer el contenido de esa iniciativa, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que el proyecto contempla que el directorio estará conformado mayoritariamente por representantes de Poder Ejecutivo, en tanto que los trabajadores solo tendrían un vocal por los activos y otro por los jubilados. Por esa razón, el plenario de secretarios generales de las catorce filiales del gremio docente y de la conducción central que lidera Pedro Cormack, expresó su rechazo a la iniciativa.
De hecho, el gremio entiende que se aplicará un mecanismo similar al funcionamiento del Consejo Provincial de Educación, aunque no hizo mención a la posible licuación de las deudas de muchos años que mantienen gran parte de los municipios con la Caja de Servicios Sociales (CSS).
LOS PUNTOS APROBADOS
A través de su Departamento de Prensa, ADOSAC dio a conocer la síntesis de los puntos aprobados en las deliberaciones que mantuvieron los secretarios generales en la sede provincial de la institución ubicada en la calle Vélez Sarsfield de Ríop Gallegos.
“Rechazar el anteproyecto de Ley sobre el traspaso de la CSS que prevé mayoría absoluta para el Ejecutivo. El fin de la intervención implica, para nosotros, la restitución de la obra social para los trabajadores pero repudiamos la metodología que nos margina”.
“Expresamos nuestra solidaridad para con los trabajadores docentes de Chubut, denunciando las políticas autoritarias, disciplinadoras y demagógicas del gobernador Mariano Arcioni”.
“Repudiar las declaraciones públicas de Hugo Yasky y Roberto Baradel que desnudan el ´pacto social´ de impunidad y sumisión de la burocracia sindical al defender el interés patronal por encima de los derechos salariales y laborales de todos los trabajadores”.
“Avanzar en la discusión sobre aspectos fundamentales en la titularización de la Educación Técnico Profesional que determine un concurso que refleje la transparencia y responsabilidad a partir de la inmediata aprobación de las plantas funcionales”.
“Solidarizarse con el pueblo chileno y su lucha ejemplar en busca de una sociedad más inclusiva, lejos de las políticas neoliberales que acentúan la polarización social”.