La exministra de Familia y Desarrollo Humano, María Cecilia Torres Otarola, irá finalmente a juicio casi cuatro años después de las denuncias y los escándalos que motivaron su alejamiento del gobierno de Mariano Arcioni. El tribunal responsable de dar un veredicto quedó integrado por los jueces Carlos Richeri, de Esquel; Raquel Tassello, de Comodoro Rivadavia, y Marcela Pérez Bogado, de Puerto Madryn, y como jueces suplentes, Fabio Monti, Patricia Azaro y Jose Luis Ennis.
El juicio contra Torres Otarola comenzará dentro de casi cinco meses, el 11 de marzo de 2024, según estableció la Oficina Judicial de Rawson.
La exministra de Familia –que también fuera diputada provincial entre 2015 y 2019- fue acusada por el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el fiscal Omar Rodríguez, la exfuncionaria “resultó una pieza central de la actividad delictiva investigada”.
UNA SALIDA TRAUMATICA
El 30 de junio de 2020, el hoy reelecto intendente de Corcovado, Ariel Molina, tenía todo listo para asumir como nuevo ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de Chubut. Pero Torres Otarola resistió todo lo que pudo, mientras se hallaba envuelta en una investigación judicial por la contratación de personal y el presunto cobro irregular de salarios.
La salida del gobierno de quien ahora irá a juicio fue tal vez uno de los hechos más traumáticos del gobierno de Arcioni. En plena pandemia, el gobernador le había pedido a su entonces secretario general de la Gobernación, Andrés Meiszner, que motorizara la salida de Torres Otarola y el desembarco de Molina.
Según fuentes del Gobierno, la ministra se negó a dimitir sin antes hablar con el mandatario provincial. El encuentro finalmente se dio y luego de ello, para sorpresa de muchos -incluido el propio Meiszner-, Torres Otarola habría sido confirmada en el cargo, algo que causó enojo en Molina, que estaba listo para asumir, y una situación incómoda para Meiszner, quien por ese hecho presentó la renuncia. Sin embargo, en diciembre volverá a Fontana 50 porque es parte del gabinete del nuevo gobernador, Ignacio Torres.
LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA
Luego de meses de investigaciones, la exfuncionaria pudo ser sentada en el banquillo de acusados. Pero hubo interrupciones en la audiencia preliminar y una polémica por la posibilidad del levantamiento del secreto bancario de las cuentas del denunciante de la causa contra Torres Otarola, conocida como “Ñoquis calientes”.
Mientras que la imputada postulaba como prueba del futuro juicio oral el levantamiento del secreto bancario del contador que la denunció, este y el fiscal Omar Rodríguez se opusieron.
Las diferencias sobre si esa prueba era tenida en cuenta, o no, llegaron recursivamente al Superior Tribunal de Justica y entre marchas y contramarchas, también intervinieron las juezas Ivana González y María Tolomei.
Luego, otros dos jueces (Marcelo Nieto Di Biase y Marcos Nápoli) intervinieron en la decisión. Para ello, escucharon las posturas de la Fiscalía, representada por Omar Rodríguez y Analía Acuña; y del asesor legal del denunciante y testigo, el abogado Daniel Sandoval representando a Martín Sandoval Martínez.
El fiscal general Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal Especializada (UFE), destacó el rol del denunciante y planteó que se trataba de un testigo y no de un imputado. Destacó que no se podía ingresar a una cuenta bancaria porque era una medida de coerción invasiva de la intimidad de las personas, por lo que no se podía aplicar a un testigo. Con similares argumentos se expidió el representante legal del denunciante. Se remarcó también la demora de 11 meses sin que el caso pudiera ser elevado a juicio oral.
Las posturas coincidentes de estas dos partes para que no se levante el secreto bancario de las cuentas del denunciante fueron confrontadas con los argumentos del defensor de la imputada en la causa, el abogado Romano Cominetti.
Mientras pasaba el tiempo sin que la decisión de esta prueba se confirmara para saber si era tenida en cuenta en el debate, la audiencia quedó irresuelta, ya que los jueces Nápoli y Di Biase se tomaron el plazo legal de los tres días para decidir.
Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal para juzgar a Torres Otarola (a quien llaman “la Chechu”) parte desde los dos años de prisión, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estimó que al momento de pedir pena, la misma no sería inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
Rodríguez observó con preocupación, teniendo en cuenta el impacto que generó dicha decisión, respecto de quienes denuncian actos de corrupción, así como de quienes son testigos en casos de corrupción. Las acciones de aquellas personas que denuncian irregularidades o prácticas fraudulentas o son testigos, pueden dar lugar a que se produzcan distintos agravios como amenazas u hostigamientos, con motivos de que se descubran y se combatan prácticas ilegales en Instituciones del Estado.