La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, brindó este martes precisiones sobre el esquema de pagos, retenciones y el estado contable del vínculo concesional con la empresa Patagonia Argentina, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de julio.
La funcionaria reiteró que “mientras el contrato estaba vigente, la empresa percibía un canon mensual en concepto de subsidio. Es decir que el Municipio realizaba un pago adelantado (pago espejo) para que pudieran hacer frente a los haberes de los trabajadores y, una vez presentada la documentación, se terminaba de hacer la cancelación del mes".
Asimismo, Juárez explicó que “actualmente, no es posible avanzar con la liquidación final debido a la falta de cumplimiento documental por parte de la prestadora, que debe ser corroborada por las áreas pertinentes del Municipio, el órgano de aplicación y el EnCoSep. Por lo tanto, hasta que Patagonia no presente los datos para llevar adelante la liquidación final, no se puede hacer el pago que están reclamando”.
La vocera acotó que “no es algo nuevo; durante toda la relación contractual la empresa presentaba la documentación todos los meses".
LOS FONDOS TRANSFERIDOS Y MONTOS PENDIENTES
Para dar transparencia al estado financiero del servicio, desde la Secretaría de Servicios Públicos se detallaron las resoluciones y transferencias efectuadas:
Adelanto a cuenta de la liquidación final (Julio): Mediante la Resolución N° 1489/2026, el Municipio autorizó un pago a cuenta de $1.000.000.000 para garantizar el abono de haberes del personal. Este se concretó a través de las órdenes de pago N° 11649 y N° 11652 (días 10 y 11 de agosto), con un neto percibido por la empresa de $981.612.217,08, tras aplicarse las deducciones de Ley ($16 millones por Impuesto a las Ganancias y $2 millones por Tasa de Comercio).
En tanto, resta un saldo de $381.215.545,90, correspondiente al mes de junio, conforme a la certificación de costos y la Resolución N° 1548/2026 del 12 de agosto.
Sobre este último remanente, Juárez confirmó las acciones preventivas adoptadas en resguardo de los trabajadores, al informar que "pusimos esos 381 millones a disposición de la Subsecretaría de Trabajo para que la autoridad laboral determine si debemos retener ese dinero y destinarlo directamente al pago de los salarios".
Para cerrar, explicitó que “el circuito administrativo formal exige la validación de la estructura de costos por parte de la Subsecretaría de Transporte y el dictamen técnico del EnCoSep para la emisión de la solicitud de gasto e intervención del Tribunal de Cuentas, pasos que se encuentran supeditados a la entrega formal del balance y documentación adeudada por la firma saliente”.