En Comodoro volverán a marchar por Maldonado y pedirán por Iván Torres

Organizaciones sociales de la ciudad adherirán a la convocatoria nacional que el domingo exigirá la aparición con vida de Santiago Maldonado. Será la tercera manifestación que se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia por el joven artesano, e incluirá el pedido de aparición con vida de Iván Torres, quien fue visto por última vez en 2003. Por otro lado, Sergio Maldonado, confirmó que pedirá el juicio político contra el juez Guido Otranto. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados quiere constituirse en Esquel.

El domingo se cumplirán dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en un operativo de represión que ejecutó Gendarmería nacional en la comunidad mapuche de Cushamen.

En ese marco, la familia de Maldonado volverá a manifestarse en una convocatoria nacional que en Buenos Aires tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y que también tendrá su réplica en Comodoro Rivadavia, ciudad que marchará por tercera vez por el caso del artesano.

En el Espacio Social y Cultural Collage ayer se reunieron organizaciones sociales y políticas para acordar las actividades que se realizarán durante esa jornada.

Luego del encuentro, se confirmó que la concentración será a las 16 en la plaza de la Escuela 83, y que media hora después se marchará por las calles céntricas de la ciudad, pidiendo por la aparición con vida de Maldonado y también por Iván Torres, quien desapareció entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de octubre de 2003 en el centro de Comodoro Rivadavia. Su caso se convirtió en el primero en ser caratulado como desaparición forzada.

A LLERAL “HAY QUE DEJARLO TRABAJAR”

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, ayer se refirió a la causa que investiga la desaparición del joven y ratificó que el primer contacto que tuvo con el nuevo juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, permite tener una mirada más optimista de cara al futuro.

No obstante, aseguró que hay que “darle tiempo” a Lleral para que pueda investigar, y pidió que el Ministerio de Seguridad de la Nación no intervenga en la causa como si lo hizo con Guido Otranto, el juez que fue recusado por la familia y desplazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

En ese sentido, Maldonado recordó que “en las audiencias estaba metido (el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo) Cané” y consideró: “me parece que tiene que estar apartado y no intervenir en los detalles de la investigación”.

En diálogo con radio AM750, Maldonado también confirmó que en un futuro pedirá el juicio político contra Otranto por las irregularidades en la búsqueda de Santiago.

COMISION DE DDHH A ESQUEL

Por otro lado, ayer la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados confirmó que quiere constituirse en Esquel a partir del 12 de octubre para hacer un seguimiento in situ de la causa judicial por la desaparición de Maldonado. Sin embargo, el viaje estaría supeditado al presupuesto.

Ante esta situación, la diputada Victoria Donda, Libres del Sur, confirmó que enviará una nota al presidente de la Cámara baja del Congreso de la Nación, Emilio Monzó, para que autorice los fondos.

La decisión fue comunicada durante una reunión de comisión que se realizó ayer y que nuevamente fracasó en su intento de tener quórum. Es que apenas ocho diputados participaron del encuentro, y se hicieron escuchar las críticas a la Alianza Cambiemos por la falta de acompañamiento a un proyecto que podría haber conseguido dictamen favorable.

Se trata del proyecto de ley que plantea la desclasificación y publicidad de los archivos sobre el caso de la desaparición forzada de Jorge Julio López, ocurrida hace 11 años.

Se debe recordar que esa iniciativa, que fue presentada a fines del año pasado por la diputada mandato cumplido del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, prevé que el Ejecutivo nacional conceda los archivos que están en manos de fuerzas de seguridad estatales como la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, así como cualquier información que pueda conservar las Fuerzas Armadas sobre el caso.

Los archivos corresponden a la causa que investiga la responsabilidad del represor Miguel Etchecolatz en delitos de lesa humanidad (que tuvo a López como una de sus víctimas), como así también la causa que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata sobre la “desaparición forzada” del albañil.

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