Frente a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exadministrador general de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, autores de su desplazamiento la semana pasada: advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona y denunció que, desde entonces, ha sufrido seguimientos y amenazas. Asimismo, asoció al juez Juan Carlos Maqueda con la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.
“Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la secretaría general de administración en la auditoría que realizamos sobre la obra social”, enfatizó. Ante las preguntas de los legisladores, Marchi apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, presidente del máximo tribunal. “Recibimos todo tipo de amenazas; a algunos de mis colaboradores se les dijo que irán a trabajar a la Siberia si hablan conmigo”, asestó Marchi, quien reclamó por la “integralidad laboral” de quienes fueron sus empleados.
Asimismo, Marchi acusó a Robles de encubrir el cuarto informe de auditoría que realizó la secretaría a su cargo sobre las irregularidades detectadas en la obra social.
“Hubo reticencia a recibir el informe cuatro; lo envié ‘de prepo’ a la presidencia [a cargo de Rosatti], lo recibió Robles. Me consta que al Dr. (Ricardo) Lorenzetti no se lo mandó, no sé si lo hizo a los demás ministros. Esto obedece al grado de informalidad con que se maneja actualmente la Corte. El informe cuatro es la punta del ovillo; involucra al Dr. [Mariano] Althabe [actual director de la obra social]. Robles escondió el informe. Es grave”, acusó.
Marchi fue desplazado de su cargo el jueves pasado con el voto de los jueces Rosatti, presidente del tribunal, Rosenkrantz y Maqueda. El único en oponerse a su salida fue el mentor de Marchi, el juez Ricardo Lorenzetti, quien en su disidencia sostuvo que el exadministrador recibió una “sanción” por anticipar que enviaría a la Comisión de Juicio Político una serie de informes que revelarían serias irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial, cuyo control y supervisión recae en la Corte.
De inmediato, Marchi fue citado por los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard, en el marco del enjuiciamiento que promueven contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. Una de las causales es, precisamente, las presuntas irregularidades detectadas en la obra social.
Fuente: La Nación