Un grupo de nueve relatores y expertos independientes de Naciones Unidas sostuvo este lunes que los hechos atribuidos al financista estadounidense Jeffrey Epstein podrían encuadrarse jurídicamente como crímenes de lesa humanidad, a partir de la magnitud, sistematicidad y proyección transnacional de los abusos denunciados.
El pronunciamiento se conoció tras la difusión, el pasado 30 de enero, de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según los especialistas, el material expuesto sugiere la existencia de una estructura delictiva organizada a escala global y plantea interrogantes sobre los niveles de impunidad que habrían rodeado estos hechos durante años.
De acuerdo con el comunicado conjunto, los archivos incluyen referencias a presuntas situaciones de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y degradantes e incluso posibles casos de feminicidio. En ese marco, instaron a los tribunales nacionales e internacionales con competencia en la materia a evaluar la apertura de procesos judiciales.
Los firmantes también contextualizaron los crímenes en un entramado marcado —según describieron— por prácticas de corrupción, misoginia extrema, racismo y una lógica de mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintos países.
Ante la gravedad de los hechos, reclamaron la conformación de una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer cómo este presunto sistema de abusos pudo sostenerse durante un período prolongado. “Es imperativo que los Estados actúen con determinación para que los responsables rindan cuentas. Nadie, sin importar su riqueza o poder, debe quedar al margen de la ley”, señalaron.
Al mismo tiempo, los expertos cuestionaron lo que calificaron como “fallos significativos” en la manera en que se divulgó parte de la documentación, al considerar que se expuso información sensible vinculada a las víctimas. Advirtieron que la falta de resguardo de la privacidad podría derivar en represalias, estigmatización o nuevas formas de revictimización.
Entre quienes suscribieron la declaración se encuentran la relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; la relatora sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, junto a otros expertos independientes del sistema de Naciones Unidas.