Se trata de familiares que por decisión de la Justicia de Familia están impedidos del vínculo con sus seres queridos. Son padres, tíos, abuelos que través de una solicitada dirigida al gobernador Ignacio Torres y al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, denunciaron una vez más a las autoridades del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia.
Cúneo Libarona impulsa el proyecto que se propone imponer penas a quienes efectúan denuncias falsa, entre ellas las vinculadas a la violencia de género. La iniciativa se propone modificar el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien “denunciare falsamente un delito” ante la autoridad.
Este lunes, un grupo de familiares que hace tiempo exige celeridad a la Justicia a la hora de resolver conflictos que dificultan los vínculos paterno-filiales, le acercaron una solicitada dirigida al gobernador Ignacio Torres y al ministro de Justicia de la Nación, en el marco de la presentación del Comando Unificado de Seguridad, denunciando una serie de irregularidades en el Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia.
¿QUE DENUNCIAN LAS FAMILIAS?
“Nos presentamos para denunciar la situación actual que están padeciendo miles de personas, víctimas de una industria espuria, conocida en la jerga jurídica como `mafia de las falsas denuncias de violencia institucional y abuso de poder de empleados públicos’”.
Según contaron en la nota que elevaron a las autoridades de Provincia y Nación, “venimos a denunciar la práctica que se está llevando a cabo en la Oficina de Gestión Unificada de Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, en el cual se toman decisiones cruciales que impactan no solo en la salud mental de los niños, sino que también producen un daño familiar y social colateral de proporciones gigantescas, a lo cual el Estado argentino no puede permanecer ajeno”.
En particular, cuestionan directamente a los jueces de Familia de Comodoro, Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez, afirmando que “no se pueden vulnerar más los derechos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y la Ley (26061 nacional) de protección de Derechos de los niños y niñas y adolescentes”.
En este escenario, sostienen que en Comodoro Rivadavia “se crearon por años estructuras con características celular ocupando órganos públicos en la justicia. Desde allí militan utilizando la perspectiva de género mal utilizada por la ideología de género sesgada y militante”.
En otro tramo, aseguraron que “la Oficina (de Familia) está compuesta por 25 mujeres y 2 hombres. Alimentar esta maquinaria con cospeles como la falsa denuncia, herramienta utilizada para impedir vínculos familiares, condenar a un niño a una sola familia, es violencia infantil que destruye las infancias”.
Y agregaron que “condenar sin preservar el principio de inocencia solo con un relato de la víctima; el relato usado como prueba o los testigos de oídos, no es propio del derecho penal y no es legal tarifar la prueba, quitándole la sana crítica racional a un juez por un informe de psicólogo terapeuta con una mirada subjetiva y no fáctica o científica, que es la mirada que necesita un juez. Esto es tasar o tarifar la prueba como cierta, es ilegal. El Estado debe garantizar el vínculo de los niños con ambas familias; el accionar de la Oficina de Gestión Unificada Fuero de Familia en el debido proceso no es legal y no colabora para re vincular a las familias”.
Por esa razón, “pedimos su empatía, solicitamos su intervención”.